El juez de Vigilancia Penitenciaria de Ciudad Real Antonio Moreno de la Santa, con competencias en las prisiones de Herrera de La Mancha, Alcázar de San Juan y Albacete, opina que España ha ido al contrario que Europa en los últimos años en legislación penitenciaria con la prisión permanente revisable, en vigor desde 2015.
“Otros países tenían cadena perpétua y han bajado a prisión revisable, nosotros hemos hecho lo contrario, adoptar una medida que no se hizo ni cuando existía el terrorismo etarra, con todo lo que se sufrió. La única explicación es la alarma social que están provocando determinados tipos de delitos, que hacen que la población esté pidiendo que se agraven las condenas”.
La libertad con una condena revisable: casi imposible
“Le queremos cambiar el nombre, pero la realidad es que tal y como está planteada en nuestro ordenamiento jurídico será difícil acceder a la libertad con una condena de prisión permanente”, añade el magistrado Moreno de la Santa, anfitrión esta semana en Ciudad Real de más de una treinta de jueces de prisiones (hay 50 en toda España), en el encuentro anual de coordinación, a falta de una ley específica.
La prisión permanente revisable ha sido uno de los temas de estas jornadas, al igual que la perspectiva de género en las cárceles, o la coordinación de criterios para que se cumplan los trabajos en beneficio de la comunidad con los que se sustituyen penas de prisión en los últimos años para delitos más leves.
Hasta los años 60 no habrá que revisar las condenas
La prisión permanente no es una cuestión que hoy genere problemas de aplicación. Por el momento se han dictado diez en España, ninguna de ellas bajo la jurisdicción del juzgado número 1 de Ciudad Real, “habrá que empezar a revisarlas en los años sesenta”.
Pero aunque el tribunal sentenciador pueda atenuar y llegar a la libertad pasando una serie de filtros y plazos, “se requerirá un conocimiento tan completo del interno que a día de hoy no veo que los medios que tenemos eso se pueda hacer”, recalca.
El encuentro ha contado con la ponencia de la profesora de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Ciudad Real Cristina Yagüe (el miércoles) que abordó la prisión permanente revisable, además de otros destacados juristas y expertos en instituciones penitenciarias.
Más trabajos en beneficio de la comunidad
Lo que sí da más quebraderos de cabeza a los jueces son los trabajos en beneficio de la comunidad, en el sentido de cómo llevarlos a la práctica. “Conseguir que se cumplan estas medidas alternativas requiere más esfuerzo”.
Según explica el magistrado el año pasado se dictaron mil medidas alternativas a la prisión, bajo su jurisdicción, con la dificultad de que en su aplicación no solo interviene el juzgado de Vigilancia Penitenciaria, sino ONG como Cruz Roja, Cáritas y ayuntamientos, además de los tribunales sentenciadores. “Estamos viendo cómo aglutinar eso con unos criterios mínimos para todo el territorio”.
Moreno de la Santa intenta que en las prisiones de su competencia se siga el mismo criterio, pero se topan con un problema “tenemos una legislación penitenciaria de hace cincuenta años, ahora mismo lo que más seguimos es el Código Penal, y no debería ser así”, de ahí la importancia de encuentros como el que se ha celebrado en los juzgados de Ciudad Real.
Menos población reclusa
Con quince años de experiencia en vigilancia penitenciaria (antes estuvo en menores) el juez Moreno de la Santa explica que la población reclusa ha disminuido en este periodo. “Cuando empecé Herrera era una prisión de máxima seguridad, con 800 internos, y ahora estará en torno a quinientos, algo más”.
En este tiempo ha bajado la población reclusa extranjera, con más dificultades para normaliza su vida en otro país, se han construido nuevas macrocárceles y se está notando el impacto de las penas alternativas, los trabajos en beneficio de la comunidad, “que tienen mucha importancia pero que a veces son difíciles de cumplir si no nos facilitan medios. Lo que nosotros queremos es que la sociedad se responsabilice de que esa gente cumpla con la comunidad para que no vaya a prisión”.
Oficina judicial: ni programa específico
Otro problema del día a día es la oficina judicial. En los juzgados de Ciudad Real, en los que está implantada, este juzgado no ve ninguna mejora, al contrario, “ahora vemos más papel que antes cuando se supone que se hizo para modernizar y eliminarlo”.
“Reclamos un programa específico para vigilancia penitenciaria, porque tenemos una tramitación completamente distinta a cualquier otro juzgado, incluso las estadísticas las tenemos que hacer a mano, como hace cien años”.
