Esta petición surge ante la preocupación de que el fin de la moratoria el 31 de diciembre de 2024 pueda dar lugar a una proliferación de nuevas macrogranjas y a la ampliación de las existentes, lo que representaría una amenaza significativa para el equilibrio ecológico y la calidad de vida en las comunidades rurales.
En su escrito, Esparvel subraya los beneficios de la ganadería extensiva como modelo de producción sostenible, destacando su capacidad para aprovechar eficientemente los recursos naturales, fomentar la biodiversidad y apoyar la economía local mediante el uso de razas autóctonas y prácticas de manejo adaptadas a cada territorio. Este modelo no solo genera productos de alta calidad, sino que también contribuye a la prevención de incendios forestales, mejora la calidad del suelo, regula los ciclos hídricos y conserva el patrimonio cultural.
Por el contrario, las macrogranjas y las plantas de biogás relacionadas plantean numerosos riesgos ambientales y sociales. La falta de control sobre los vertidos de purines ha provocado la contaminación de suelos y acuíferos, que ya enfrentan problemas de sobreexplotación y altos niveles de nitratos. Además, el uso intensivo de antibióticos en estas explotaciones contribuye al preocupante aumento de la resistencia bacteriana, un desafío sanitario de gran magnitud.
Las macrogranjas, lejos de ser una solución económica sostenible, generan escasos empleos y deterioran la calidad de vida en las zonas rurales debido a los malos olores, la contaminación y los problemas de salud derivados del hacinamiento de los animales. La instalación de plantas de biogás podría agravar la situación al incentivar la creación de más macrogranjas, incrementando así los impactos negativos.
Esparvel insta a la Consejería de Desarrollo Sostenible a extender la moratoria, implementar controles rigurosos sobre las condiciones de salubridad y medioambientales de las explotaciones existentes, y limitar la construcción de plantas de biogás a aquellas estrictamente necesarias para el censo porcino actual. La protección del medio ambiente y el fomento de un modelo agroganadero sostenible deben ser prioridades para asegurar el bienestar futuro de Castilla-La Mancha.
