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Garde critica que la LOSU deje en manos de las autonomías lo que debe regular el Estado y dar lugar a 17 sistemas universitarios

Inauguracion Simposio Ciencia Joven JJ 5
Garde espera que la LOSU se pueda mejorar/ J.Jurado
Laura Espinar / CIUDAD REAL
El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, espera que el trámite parlamentario que inicia ahora el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), permita mejorarla señalando que  es una “ley muy general, que regula poco y deja a las Comunidades Autónomas y a las Universidades la regulación de cuestiones del Estado”,  ya que si no habría 17 sistemas universitarios distintos y ese no debe ser el propósito de la ley. “Esta es una de las principales preocupaciones”, dijo tras ser aprobada este martes en Consejo de Ministros.

Julián Garde, rector de la UCLM, espera que el trámite parlamentario que inicia ahora el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), tras su aprobación este martes en Consejo de Ministros, permita opciones de mejora, vía enmienda, señalando que dado que la Universidad no puede plantearlas directamente, “sí las podemos hacer llegar a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados como hicimos con la Ley de la Ciencia”, que será aprueba este jueves.

A su juicio, el proyecto de ley aprobado por el Gobierno tiene “claras opciones de mejora” confiando en que, durante el trámite parlamentario, se pueda mejorar por  necesidad del sistema universitario español. “Entiendo que aprobar una ley que, probablemente tenga vigencia durante 20 o 25 años y que no se adecúe a lo que necesitamos (…), no debe ser”, dijo Garde a los periodistas en la décima edición del Simposio Ciencia Joven que se celebra en el campus de Ciudad Real.

Garde insistió que, aunque la LOSU contiene aspectos positivos, debe cambiar para que sea útil y estar en sintonía “con lo que queremos ser las universidades españolas”.

Garde: Una ley general que regula poco

Preguntado por los cambios que se deberían introducir en la norma, el rector de la UCLM señaló que es una “ley muy general, regula poco y deja a las Comunidades Autónomas y a las Universidades la regulación de cuestiones que debería hacer  el Estado” ya que, de lo contrario, habría 17 sistemas universitarios distintos “y ese no debe ser el propósito de la ley, menos cuando es Ley Orgánica del Sistema Universitario Español”, aclaró.

“Esta es una de las principales preocupaciones –dijo- regula poco o, tal vez, desregula mucho y no se debe confundir desregulación con la autonomía universitaria pudiendo dar lugar a sistemas muy diferentes”, dijo Garde quien sostuvo que este es uno de los inconvenientes que tiene la LOSU.

Limitación de los mandatos del rector

En cuanto a los aspectos positivos de la Ley, Garde se refirió a la limitación de los mandatos del rector, aspecto que el hoy máximo mandatario de la UCLM llevó en su campaña electoral para limitar la función a un único mandato de seis años. “Esto está en la ley y me parece fantástico porque es muy bueno para el sistema universitario español”.

Sobre la financiación, Garde señaló que se está pendiente de conocer si la LOSU tiene memoria económica señalando que cuando se apruebe no habrá flexibilidad posible porque, entonces, “la ley no es nuestra sino de los jueces y habrá que aplicarla”. Así, sostuvo que cuando se apruebe la LOSU, a todas las universidades les va a costar dinero, “que está bien, pero si no se nos aporta desde el Estado, que es el que regula, esa financiación adicional nos faltará dinero”.

“Es verdad que la ley pretende llegar a un porcentaje del PIB en gasto universitario en el año 2030, pero si se aprueba en 2023 nos empieza a costar dinero. Y esperar al 2030 es tarde. Esto es importantísimo y la mayor duda que tenemos, la financiación extra que nos supondrá la aprobación de la ley” que, tal y como se prevé, podría estar aprobada para la próxima primavera

Reducción de la precariedad

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que pasará ahora a su trámite parlamentario y que plantea medidas para la reducción de la precariedad en la universidad, derechos para los estudiantes como el paro académico o un compromiso de gasto del 1 por ciento del PIB.

La ley prevé convertir las plazas temporales del profesorado asociado en indefinidas, medida de la que se beneficiarán más de 25.000 profesores asociados y que supondrá una reducción de la temporalidad del sistema universitario, pasando del 40% que fija la ley actual al 8%.

Esta estabilización, según el ministerio, conlleva la mejora de las condiciones laborales del personal docente e investigador, garantizando derechos por antigüedad o derechos a complementos salariales y, además, se incorporan medidas para que el profesorado temporal pueda acceder y promocionar en la carrera académica, mediante el reconocimiento de su experiencia docente en algunos concursos a Ayudante Doctor o el fomento contratos predoctorales para quienes quieran incorporarse a la carrera académica.

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