José María Tapia, magistrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, ha hecho huelga este martes y la hará los próximos dos días contra las reformas contempladas en la conocida como ‘ley Bolaños’, que bajo su punto de vista y el de muchos jueces y fiscales supone “un quebrando a la independencia judicial”.
El magistrado de la Audiencia de Ciudad Real José María Tapia (APM) rechaza los gritos políticos del sábado ante el Supremo e insiste en que “está en juego la independencia judicial”
“No pedimos más dinero ni más medios, solo que se mantenga la independencia judicial”, insiste en una entrevista como portavoz en Ciudad Real de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en su despacho de la Audiencia. Está en huelga, pero en servicios mínimos.
El experimentado magistrado (juez desde 1993) asegura que ha participado en todas las huelgas anteriores, la última en 2018, y reivindica ese derecho. Ahora las razones no van ni de sueldos ni de recursos, pero insiste en que hay motivos, aunque rechaza “los gritos políticos” que se lanzaron el sábado en la masiva concentración de jueces ante el Tribunal Supremo, en la que también participó.
Reivindican “mérito y capacidad” para acceder a la carrera
El acceso a la carrera judicial es uno de los motivos. Comparte que hay que acabar con la interinidad de muchos jueces y fiscales, pero siempre que se haga mediante un sistema que respete “el mérito y la capacidad, no que se designe a personas por su cercanía a determinados partidos políticos. Hay que garantizar a los ciudadanos que van a ser juzgados por profesionales del derecho”.
Otro de los motivos es que los jueces mantengan la instrucción de las causas penales en los juzgados, “el ministerio fiscal está sometido a principios de unidad y jerarquía, frente a los jueces de instrucción que somos independientes. Es es así, salvo que al ministerio fiscal se le dote de personal para asumir eso y dotarles estatutariamente de independencia».
¿Cómo se accede a la carrera?
El magistrado rechaza eso de que a la profesión de juez o fiscal solo se accede desde familias con un alto poder adquisitivo. “Nadie de los que estamos aquí en Ciudad Real somos de padres juristas”. Y explica su caso. Empezó a prepararse en 1989 y consiguió acceder a la carrera en 1993, “son cuatro años y actualmente se tarde mucho porque son exámenes muy complicados”.
Una profesión a la que se puede presentar «cualquiera»
No obstante, asegura que es una profesión a la que se puede presentar “cualquiera” aunque su familia no tenga un soporto económico. “Lo mismo que si te presentas a un máster de educación y pagarlo, o en otras disciplinas. Lo que tiene que haber es un sistema de becas”.
El magistrado también defiende el sistema de preparación con un preparador individual, “el mismo sistema que notarios o registradores y creo que nadie ha dicho nada”.
De los cambios que pretende introducir el anteproyecto de ley para “democratizar” la justicia no solo les parece mal el sistema fuera de la oposición, sino que las personas que entran de esa forma “ostenten una antigüedad de cinco años exclusivamente para cargos discrecionales [presidencia de audiencias y otros tribunales] Es decir, el chaval que aprueba actualmente tiene un déficit respecto al que entra por esa otra vía contemplada en la reforma judicial”.
Sobre el efecto en el Ministerio de Justicia de la huelga, lo desconoce, «dependerá del seguimiento» “Lo que sí fue muy importante fue la concentración del sábado en Madrid ante el Tribunal Supremo pese a que estábamos a 40 grados”.
Concentraciones previas en toda España
La huelga judicial viene precedida por protestas y concentraciones previas, desde que la polémica reforma se está tramitando por la vía de urgencia. El sector se queja de que no se ha contado con ellos para opinar sobre los artículos más polémicos. De todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales solo las progresistas no apoyan la huelga.
