Antes de tomar la palabra, Alique ha destacado que “Castilla-La Mancha es un referente en España y en Europa en la lucha contra la despoblación”
En este sentido, el comisionado regional ha puesto en valor la Ley contra la despoblación impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha calificado como “una Ley pionera, transversal y multisectorial, que abarca diversas actuaciones para enfrentar un problema como la despoblación que afecta a diferentes zonas del país”.
En la región, ha dicho, “no es nueva la lucha contra la despoblación”, subrayando el perfil rural que tiene el territorio, donde han buscando “elevar a rango de Ley las políticas que venimos desarrollando durante los últimos 40 años”.
Entre los retos que se han planteado en el nuevo texto legislativo, figuran: la vivienda, el acceso a servicios públicos, la conectividad, la movilidad y las oportunidades laborales, que ha catalogado como “los cinco pilares fundamentales para la repoblación que en Castilla-La Mancha”, a las que se han añadido medidas fiscales “como ingredientes para anclarlos al territorio”.
Alique ha explicado que una de las novedades que presenta la Ley contra la despoblación, son precisamente las medidas fiscales “atractivas y ambiciosas”, a las que se incorporan “medidas pioneras en nuestro país como la de la deducción fiscal, simplemente por vivir en zonas en riesgo de despoblación”.
En sus declaraciones, el representante regional ha avanzado los datos provisionales que ha arrojado la última campaña de la renta, que ha beneficiado a casi 60.000 declaraciones del IRPF, donde se contemplaban bonificaciones para el territorio despoblado, tales como “el 15% por la adquisición de vivienda habitual en el medio rural o y 500 euros durante dos ejercicios presupuestarios si se certificaba un traslado de domicilio desde otra región a estos territorios por motivos laborales”.
En total, ha explicado Alique, “los ciudadanos han tenido degravaciones por un importe superior a los 23,5 millones de euros en Castilla-La Mancha”, que ha valorado estas medidas como “muy importantes, siendo el primer territorio en Europa donde se aplica una normativa fiscal diferenciada para luchar contra la despoblación”.
Alique pide continuidad temporal para las medidas
“En Castilla-La Mancha tenemos claro que las políticas sólo funcionan cuando se abren a la participación y tienen continuidad en el tiempo”; eso, ha enfatizado, es lo que hemos hecho desde el Gobierno Regional, abriendo nuestra estrategia a la participación de la sociedad y de los grupos políticos”, que han permitido finalmente, “la aprobación de la Ley por unanimidad”.
En este sentido, ha enfatizado la necesidad de “seguir abriendo espacios y lugares donde estén representados los científicos, la Universidad y todas las personas de la región que tengan algo que decir”.
La clave de la lucha contra la despoblación, ha afirmado, “tiene que ver con que haya consenso y con que esas medidas tengan continuidad en el tiempo”.
“A partir de la aprobación de la Ley, todas las estrategias y programas tienen que tener un Informe de impacto demográfico para ver los efectos de esos planes sobre las zonas poco pobladas y en su caso introducir medidas para adecuarlas al medio rural”.
En el presupuesto de Castilla-La Mancha, ha anticipado, “se va a presentar por primera vez en España, una memoria donde se refleje económicamente el gasto para luchar contra la despoblación”.
Para darle continuidad, ha finalizado diciendo, el Gobierno manchego “cuenta con una estrategia con diez años de vigencia con un presupuesto de 3.322 millones de euros que pretende garantizar la funcionalidad de las zonas rurales afectadas por la despoblación, prestando servicios, mejorando la conectividad o ayudando a la rehabilitación de viviendas”.
