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28 marzo 2024
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JyP se fija como meta revitalizar la junta de personal de justicia, consolidar empleo y exigir más juzgados

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Ricardo Rosales (dcha), presidente electo de la junta de personal de justicia en Ciudad Real, con su compañero Manolo Román de Justicia y Progreso / Elena Rosa
Belén Rodríguez / CIUDDA REAL
Los ganadores de las elecciones sindicales quieren recuperar las reuniones mensuales y hacer “juntas abiertas y asamblearias”

Justicia y Progreso (JyP) vuelve a liderar la junta de personal de justicia en Ciudad Real ocho años después. Su clara mayoría (nueve representantes frente a 4 del segundo, STAJ)  en las elecciones sindicales de hace unos días, les permiten tomar la iniciativa con Ricardo Rosales como nuevo presidente.

“Hemos conseguido vencer el cerco de los otros sindicatos”, asegura Manolo Román, uno de los delegados electos de la nueva junta, en alusión a que en los últimos cuatro años STAJ, CSIF y UGT se coaligaron para que JyP, el más votado en las elecciones del 2015, no ostentara la presidencia.

Se consideran un sindicato incómodo –surgieron de una escisión de UGT tras la huelga de UGT-pegado a Ciudad Real, que no está en la mesa de negociación nacional, “por ahora” (están buscando fórmulas de entrar), pero sí pendientes de los problemas del día a día de los empleados de justicia de la provincia.

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Manolo Román y Ricardo Rosales, del sindicato Justicia y Progreso, en una imagen de archivo / Elena Rosa

Revitalizar la junta de personal de justicia

“Nuestro principal objetivo es revitalizar la junta de personal, que recupere la eficacia de hace ocho años, que sea una junta en la que las siglas no importen tanto sino la defensa de los compañeros”, asegura Rosales.

En cuanto se constituya (en las próximas semanas) Justicia y Progreso pretende celebrar una reunión mensual y facilitar que el personal no tenga problemas para plantear su asunto, “queremos una junta de personal abierta y asamblearia”.

Reuniones itinerantes

La idea es celebrar reuniones itinerantes, en los diferentes partidos judiciales, y también procurar ir de la mano del resto del sector judicial en las reivindicaciones de calado. “Nuestra bandera son nuestros compañeros, pero también buscamos la complicidad de la junta de jueces, del Colegio de Abogados y de procuradores. En muchas de las reivindicaciones frente al ministerio queremos ir todos a una”.

La administración con más empleo precario

Las prioridades en los grandes temas, según Rosales, pasan por pelear para conseguir la consolidación de los puestos de trabajo, “en justicia un 60% del personal es interino, esto no puede continuar, se nos está privando de nuestra carrera profesional tras años de especialización”.

Dicen que justicia es la pariente pobre del Consejo de Ministro y Ciudad Real “la cenicienta”, una provincia en la que no se crea un juzgado desde el año 2010, con carencias muy graves en cuanto  medios humanos en todos los partidos judiciales. “Si los interinos dejarán de trabajar –este año se han consolidado 27 plazas que en su día se crearon como temporales- la justicia se pararía”, aseguran.

Revisión de la planta judicial

“Pero no solo pedimos más plazas de funcionario, debe haber una revisión de la planta judicial en todos los juzgados, se necesitan más jueces, pero también más fiscales, más letrados de la administración de justicia, más forenses…”

Trabajo en precario

Especialmente sangrante es la situación de los juzgados de violencia sobre la mujer. En la provincia no hay ni un solo juzgado exclusivo, lo que retrasa el trabajo y le da un plus de penosidad a los funcionarios que tienen que hacer guardias interminables sin contraprestación alguna.

“Pero que nadie piense que lo pedimos por nuestra conveniencia, el objetivo siempre debe ser el servicio público. No puede ser que alguien dependa de un juicio que le dé o no  una incapacidad laboral y se tarden catorce meses [antes dieciocho] en celebrarlo en los juzgados de lo Social”, se lamenta Román, “a nosotros como ciudadanos que damos la cara frente a la persona que viene a pedirnos justicia nos duele mucho”, recalca.

¿Registros fuera de los juzgados?

El agravio comparativo con los sueldos de los empleados públicos de las comunidades transferidas es otra reivindicación pendiente, a la que se añade la incertidumbre por el futuro de los registros que en teoría saldrán de los juzgados en 2020, la denunciada privatización de este servicio, a la que Justicia y Progreso como el resto de sindicatos se oponen de plano.

“Nosotros somos partidarios de pedirle primero opinión al ciudadano antes de sacar los registros civiles de los juzgados. No está claro si el servicio seguirá siendo gratuito, como ahora, ni qué pasará con el personal que los atiende”, dicen.

 

 

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