Tras dos jornadas de juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real se ha podido escuchar la versión de M.R.P.C, acusada de estafar más de 87.700 euros a su tía de 94 años, quien ha manifestado que no entiende lo que ha pasado ni «por qué estoy aquí. No me siento culpable. No he faltado a mi tía».
Con estas palabras ha finalizado el juicio que comenzó el pasado martes y que ha quedado visto para sentencia este jueves en una sesión en la que se han podido escuchar algún testigo que faltaban a propuesta de las partes y de los médicos que elaboraron informes sobre la salud de la fallecida.
«Mi tía tenía una vida activa y era perfectamente autónoma»
Pero lo fundamental de esta jornada ha sido el poder conocer la versión de los hechos de la acusada, la cual ha explicado que su tía era como una madre ya que pasó su infancia con ella. «Éramos seis hermanos en Madrid en época difícil y me mandaron a vivir con ella».
Su tía, ha alegado tenía «una vida activa y era perfectamente autónoma». Ha asegurado que la anciana salía, lo que pasa es que le ofrecían salir a caminar, «era muy gruesa» y no le gustaba, pero en coche iba a todos los sitios. «No quería salir si la invitaban a caminar pero en el coche con la sobrina no paraba». Y que estuvo bien hasta unos meses antes de morir que fue cuando le detectaron el cáncer.

Ha explicado que los sobrinos no podían saber si salía o no porque «no iban jamás», y que alguno de ellos le dieron las gracias en el entierro «por lo bien que me porté con ella». Ha insistido que con su tía solo estaban su hermana, su cuñado y ella.
«No utilizaba el dinero ni la tarjeta de la tía»
Ha dado explicaciones sobre los movimientos por los que le han preguntado tanto la fiscal como el abogado de la acusación particular. Ha afirmado que todos los realizó su tía y que unas veces estaba con ella y otras veces no. «No he utilizado el dinero de la tía en beneficio propio, ni la tarjeta de la tía salvo si ella estaba conmigo» ha asegurado añadiendo que «no me he apropiado de ninguna cantidad, nunca jamás». Además ha explicado que ella no estuvo autorizada en ninguna cuenta hasta el 10 de agosto de 2018, unas semanas antes del fallecimiento de la anciana.
Sobre la disposición de algunas cantidades importantes ha justificado que una de ellas la sacó su tía para que la acusada pudiera pagar el impuesto de sucesiones de una vivienda que le había legado en Ciudad Real (motivo por el que, ha manifestado, supone que se han enfadado sus primos).
Otra de esas, ha asegurado, que fue para repartir entre los sobrinos durante la celebración de una comida familiar que la anciana pagaba todos los años y que «era la única vez que se reunían todos».
A preguntas de su defensa ha afirmado que solamente en tres operaciones sí que usó la tarjeta con el consentimiento de su tía. Fueron en los cargos que aparecen en Benidorm y Budapest lugares de los que su tía le hizo sendos encargos (que ha especificado) y que le dio la tarjeta porque la anciana consideraba que los encargos no se le podían adelantar y «se empeñó en que me la llevara».
La tercera ocasión fue el pago de un balneario que la acusada ha asegurado que su tía le regaló «para que descansara porque me tenía que quedar con ella un mes ya que no iba a estar la mujer que la cuidaba». Finalmente ha manifestado que en su día todos aceptaron la herencia y se liquidó.
La defensa solicita la libre absolución
Tras la declaración, las partes mantenían sus peticiones iniciales. La defensa ha solicitado, en este sentido la libre absolución para su defendida ya que considera que esta querella esta basada en una serie de indicios y suposiciones que no tienen la suficiente entidad para demostrar que esos cargos los haya realizado su defendida, y considera que de lo que se trata es de una animadversión hacia su representada.
Además, en caso de una hipotética condena ha solicitado que se tenga en cuenta los atenuantes de reparación del daño, ya que la acusada ha consignado más de 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil y de dilaciones indebidas ya que se trata de un proceso que dura más de siete años.
Fiscalía y acusación particular consideran que tras la celebración del juicio queda acreditado el delito de estafa para el primero y de apropiación indebida para el segundo. Siendo coincidentes los dos en la petición de pena de prisión, cinco años, así como una multa de 11 meses a 12 euros por día, y el abono de una indemnización a los herederos de P.C.G. de 181.364,37 euros.
Por otro lado han rechazado los atenuantes propuestos por la defensa ya que en el caso de lo abonado por la responsabilidad civil supone «apenas un 15 por ciento» de los solicitado, y no consideran que haya habido dilaciones indebidas.