La fiscal que ha ejercido la acusación pública contra J.O.G.R., un hombre de origen ecuatoriano, acusado de abusar sexualmente de dos niñas de 9 y 10 años, una de ellas su ahijada, en varias ocasiones en la comarca de Almagro, ha mantenido la petición de 8 años de cárcel, mientras que la defensa del imputado, Carmen Martínez Cabanes, ha visto “contradicciones” en la declaración de las menores.
Así lo han concluido en el juicio celebrado esta mañana a puerta cerrada en la Sección Primera de la Audiencia provincial, donde además del acusado, han comparecido las víctimas y sus madres, otro menor, los agentes de la investigación y las psicólogas del equipo psicosocial que las evaluó.
Precisamente, la fiscal ve creíble el relato de las niñas y las resoluciones de las expertas, valoraciones en la que se ha apoyado para elevar sus conclusiones a definitivas y pedir por el abuso sexual a su ahijada, de 10 años en 2016, cinco años de prisión, más cuatro de libertad vigilada y prohibición de aproximación a menos de 200 metros y comunicación por cualquier medio con ella, mientras que por el segundo delito ha solicitado tres años de cárcel, y otros tres de libertad vigilada y alejamiento por cualquier medio con la víctima.
También ha mantenido la indemnización a las víctimas por un total de 8.000 euros, 5.000 para la primera y 3.000 euros para la segunda.
En declaraciones a los medios, la fiscal ha reconocido “contradicciones en datos periféricos” porque “son hechos antiguos, de 2016”, pero “no en el núcleo esencial”. Por ello, espera que el tribunal valore la prueba y la Sala determine la culpabilidad del imputado, a tenor de los testimonios y los informes técnicos que “reúnen visos de credibilidad”.
“Han cambiado las versiones”
Por su parte, la abogada de la defensa, que pide la absolución, ha insistido en que “hay contradicciones” en los testimonios de las menores, sobre todo porque “han cambiado las versiones sobre los hechos”, incluso “han introducido hechos nuevos en la sala”. Por ello, la letrada ha apuntado a una posible “fabulación” de las niñas por su corta edad, y la ha lamentado los perjuicios que tendría para su cliente una sentencia de culpabilidad, teniendo en cuenta “que le piden ocho años de cárcel”.
Asimismo, Martínez ha respaldado la inocencia de su patrocinado porque “podría haberse ido a su país”, pero “está aquí hoy porque realmente es inocente».
Igualmente, ha confiado en que la justicia “esté a la altura para saber cuándo no se puede condenar a una persona inocente”. A su juicio, tendrá que probar unos hechos que la acusación no ha probado, tan solo “unas declaraciones contradictorias».