El Proyecto de Ley de acceso al entorno de personas con discapacidad acompañadas de perro de asistencia ya ha superado el visto bueno del Consejo de Gobierno, por lo que está listo para remitirlo a las Cortes regionales.
Así lo ha avanzado este miércoles el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, quien ha recordado que esta norma amplía el derecho subjetivo a todos los usuarios de alguna de las modalidades de perros de asistencia.
La futura norma incluye no sólo los perros guía sino también los de señalización de sonidos para las personas con discapacidad auditiva, los de servicio para los discapacitados físicos, los de aviso que dan alerta médica a personas que padecen crisis recurrentes con desconexión sensorial derivadas de una enfermedad específica como la diabetes o la epilepsia y los que acompañan a personas que padezcan trastorno del espectro autista.
Más lugares de acceso
La ley contempla también sanciones, que oscilan entre los 150 a los 10.000 euros en función de su gravedad, incluyendo entre las más altas del régimen sancionador el impedir el acceso o la permanencia de las personas usuarias con su perro de asistencia al entorno laboral o privar de forma intencionada a una persona de su perro.
Además, el texto amplía los lugares de acceso de los animales, de tal manera que garantizará el mismo al entorno laboral, a espacios de titularidad privada de uso colectivo como las comunidades de vecinos, los centros comerciales, religiosos o de culto, los espacios naturales donde se prohíba el paso a los animales, las piscinas –hasta el margen de la zona de agua–, museos, bibliotecas, cines, exposiciones o archivos.
Hernando ha destacado que con esta norma, que confía en que llegue lo antes posible a las Cortes pues no quedan “tantos meses de legislatura”, se blinda el derecho a colectivos que requieran el acompañamiento de perros de asistencia para que “nadie le pueda negar” este acceso.
El portavoz regional también ha destacado que, con la puesta en marcha de la ley, el Ejecutivo regional cumple con la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
