La demanda de justicia gratuita, un indicador más de la vulnerabilidad social, subió el año pasado un 3,8% en Ciudad Real, a niveles de los primeros años de la crisis. El dato: 16.149 asuntos, consolida la línea alcista que comenzó en 2010, con una única caída relevante la de 2016, según datos del Observatorio de la Abogacía.
Al Gobierno esa atención que prestan los abogados le ha supuesto una inversión de 1,9 millones de euros, traducido en coste ciudadano: 5,22 euros habitante/ año, mientras que el abogado de oficio cobra poco más de 113 euros de media por expediente (algunos duran años), una cantidad que se mantiene congelada desde 2003, para indignación del colectivo.
Los abogados trabajan “gratis” para el Estado
“Pedimos que este servicio se retribuya con algo más de dignidad”, dice Elena Gómez-Heredia, presidenta de la Comisión del Turno de Oficio en Ciudad Real, que ha participado junto al decano en la concentración reivindicativa por el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. “Ni siquiera se cubren los gastos”, afirma Gómez-Heredia, que insiste en la idea de que al Estado le sale gratis garantizar que ningún ciudadano se quede sin defensa, aunque no la pueda pagar.
El turno de oficio en Ciudad Real
El turno de oficio en Ciudad Real, un servicio “de mucha calidad”, en palabras del decano de la Cipriano Arteche absorbe el 64% de la inversión en justicia gratuita. El año pasado lo prestaron 295 letrados que hace guardias de veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días del año, un 36% de los algo más de ochocientos abogados ejercientes.
En un mes se asigna abogado
Pero no todo es malo. El Colegio de Ciudad Real se ha convertido “en el primero de España”, según Arteche y Gómez-Heredia, en asignar abogado a un beneficiario de justicia gratuita gracias al sistema de expediente electrónico (aquí va como la seda) que el colegio gestiona junto a la Subdelegación del Gobierno. “En otras provincias este trámite tarda meses, aquí desde que se requiere hasta que se asigna apenas uno”, explican, por las facilidades para tramitar documentos del expediente electrónico.
En Castilla-La Mancha sólo Guadalajara y Ciudad Real tienen implantado este sistema que en cuarenta y ocho horas resuelve si el solicitante, en base a criterios económicos, tiene derecho o no a la justicia gratuita.