La diputada regional y portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha denunciado que la Ley anticaza de Page prohíbe las esperas nocturnas como modalidad de caza,prohíbe las modalidades deportivas de tiro al pichón y a la codorniz, prohíbe el calibre 22 y trata a los cazadores como delincuentes”.
Además, ha afirmado que “el Gobierno de García Page y Podemos traicionó a los cazadores de la región con una Ley anticaza aprobada en las Cortes el pasado mes de marzo y que ataca directamente a la actividad cinegética en Castilla-La Mancha”.
En palabras de la diputada popular, el Gobierno social-comunista de la región modificó la Ley de Caza del Gobierno de Cospedal a petición de los grupos anticaza que alegaron un malestar social inexistente y la recogida de miles de firmas que nadie se cree. Prueba de ello es que, según ha manifestado, la Ley anticaza de Page y Podemos no ha contado con el respaldo de ninguna de las organizaciones de cazadores de la región que han participado durante más de dos años en la elaboración del texto y que fueron traicionados en las últimas 48 horas al incorporar enmiendas de PSOE y Podemos que nunca fueron puestas sobre la mesa por la consejería de agricultura.
Así, y fruto de la traición, el Gobierno de Page y Podemos aprobaba en las Cortes de Castilla-La Mancha, una ley anticaza que prohíbe los aguardos nocturnos como modalidad de caza y solamente podrán realizarse con carácter excepcional y previa autorización de la autoridad competente.
Igualmente, ha denunciado que la norma cinegética de Page y Podemos prohíbe las modalidades deportivas del tiro al pichón y a la codorniz y recoge las prohibiciones de utilización del calibre 22 y del calibre 17HMR.
No menos importante es para Lola Merino la obligación recogida en la ley anticaza de Page y Podemos que obliga a los cazadores a descargar el arma cuando una persona, distinta a un cazador o a una autoridad, se encuentre a menos de 50 metros. Una medida que ha sido diseñada para dar mayor facilidad a que los anticaza puedan personarse a reventar monterías y cacerías en el territorio regional.
Además, ha indicado que el texto aprobado por Page y Podemos trata a los cazadores como delincuentes duplicando el régimen sancionador de tal manera que la sanción máxima ha pasado a la cuantía de 60.000 euros y genera indefensión jurídica pues el cazador queda en manos de la ambigüedad del texto que recoge que las sanciones se establecerán en función del supuesto beneficio.
Está convencida la diputada regional de que La ley de anticaza de Page y Podemos generará graves problemas a los ayuntamientos, que serán los que tendrán que asumir la custodia y la recogida de los animales asilvestrados, ya que con la nueva normativa deben ser preferentemente capturados.
Por último, Merino ha denunciado las mentiras de este Gobierno social-comunista que ha vendido el carácter social de su ley anticaza. Según Merino, lo que este Gobierno ha ocultado es que el Gobierno socialista de Bono fue el que desmanteló los cotos sociales de la región. Cuando Bono gobernaba en Castilla-La Mancha, los cotos sociales de caza ascendían a un total de 15 y, cuando María Dolores Cospedal llegó al Gobierno, solamente quedaban 3, esa es la cruda realidad.
“Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, no logramos entender el ataque directo y el tiro intencionado del Gobierno de Page y Podemos a la actividad cinegética en nuestra región, una actividad generadora de empleo y riqueza, sobre todo en las zonas rurales más deprimidas, que cuenta con más de 100.000 licencias y que factura más de 600 millones de euros en la comunidad autónoma; una actividad económica de la que dependen cazadores, taxidermistas, hosteleros, artesanos, forestales, seguros, expedición de licencias, veterinarios, gestores de cotos, rehaleros, cetreros, entre otros. Todo un engranaje socioeconómico que ha sufrido el más directo de los ataques de un gobierno regional que se ha convertido en el mayor enemigo del campo”, ha concluido.
