La Ley de Protección y Apoyo a Discapacitados con limitación en su autonomía en la toma de decisiones atenderá a entre 8.500 y 9.000 personas en la provincia de Ciudad Real, indicó la portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Pilar Espadas, que resaltó que se trata de una medida que busca dar respuesta a la incertidumbre de las familias sobre la futura atención a las personas con discapacidad.
Es una normativa “pionera y novedosa”, ya que no existe otra similar en el país, por lo que los castellano-manchegos debemos estar “orgullosos de ser la primera Comunidad Autónoma que garantice que las personas con discapacidad sean perfectamente atendidas cuando sus familiares ya no estén”, apreció Espadas, que destacó que este proyecto de Ley va acompañado de un “potente” plan de infraestructuras sociales que conllevará la inversión este año de cinco millones de euros para la creación de entidades de orientación y plazas especializadas.
Es una normativa que contempla dos objetivos de protección. Por un lado, un sistema de apoyos con un plan personal de futuro que es “una declaración de voluntad en la que la persona con discapacidad, junto con su familia y con el acompañamiento de un agente mediador, manifiesta sus preferencias futuras de atención cuando sus familiares falten”. Para ello, se establecen la creación de cinco unidades de apoyo y orientación, una oficina regional de orientación y el registro de planes de futuro.
Por otro lado, continuó Espadas, establece una garantía de apoyo residencial una vez que la persona con discapacidad que presenta limitaciones para la toma de decisiones no cuente con sus apoyos familiares, para lo que se determina la garantía de preferencia de acceso a la red de recursos residenciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A este respecto, destacó la ampliación este año en 485 las plazas residenciales para personas con discapacidad a nivel regional.
Da respuesta
Se trata de una ley que da respuesta a la preocupación de las familias que tienen entre sus miembros a personas con discapacidad que necesitan apoyo para la toma de decisiones, garantizando que ninguna persona con discapacidad pueda quedar desamparada cuando la red de apoyo familiar falte al poner en marcha un sistema que permite al beneficiario y su familia anticipar y planificar el futuro de su atención, la cual será un derecho que se recogerá “en el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha”.
Espadas confío en que este proyecto de Ley se apruebe por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, incluido el PP porque no se entendería que “diera la espalda a las personas con discapacidad y sus familias negándoles la tranquilidad de saber que sus hijos van a estar atendidos cuando ellos falten”.
Así mismo, Espadas lamentó que el Gobierno central gobernado por el PP no muestre “el mismo interés hacia las personas con discapacidad y dependencia” y mire “a otro lado” porque “a día de hoy no ha pagado todavía las ayudas que debe a las familias de personas dependientes» de la región. En este sentido, reclamó que “cumpla con su responsabilidad y pague los ya casi 400 millones de euros que desde 2012 tiene pendiente”, al tiempo que tome ejemplo del Gobierno regional presidido por Emiliano García-Page que con estas medidas demuestra que es “un gobierno con alma, que humaniza la gestión y defiende los derechos sociales”.
