La cita con la PAC llega en el calendario para los agricultores de toda la Europa comunitaria. Desde que España entró en la Unión Europea el sector del campo habla de ella y en la actualidad supone “entre un 30 y un 40 por ciento de la renta que reciben los agricultores”. Pero la Política Agraria Común es mucho más.
El profesor Félix Ureña, que imparte las asignaturas relacionadas en la Universidad de Castilla-La Mancha, destaca que “la sociedad tiene que ser consciente de que el dinero que va para el agricultor es para muchas cosas, que nos benefician a todos como consumidores y como sociedad”.
La PAC, explica el profesor, “no solo garantiza una renta para los agricultores”, ya que ellos “aseguran el mantenimiento de la población en las zonas rurales, dan seguridad alimentaria, cuidan del medio ambiente y permiten que podamos comer 3 o 4 veces al día”. “La PAC es para todos”, subraya Ureña.
Del aumento de la productividad agraria al respeto del medio ambiente
En la actualidad, los objetivos de la PAC no son los que tuvo en sus inicios, allá por los años 60. España los asumió en 1986 con su ingreso en la antigua Comunidad Económica Europea (CEE). Durante el periodo transitorio, que duró hasta 1992, el profesor señala que “fue duro por la competencia con los productos mediterráneos”, pero hoy el país tiene “los mismos derechos y obligaciones que el resto”.
Félix Ureña indica que los retos iniciales estuvieron relacionados con el aumento de la productividad agraria, la estabilidad de los mercados, la seguridad de los alimentos, mantener precios asequibles para el consumidor y garantizar “un nivel equitativo de vida para la población agrícola”.
Décadas después la mayoría están cumplidos, sobre todo en relación con los precios y la seguridad alimentaria. Aunque la estabilidad de los mercados varía y el bienestar alcanzado por la población agrícola, a juzgar por las últimas manifestaciones, no se ha logrado. “Dicen los agricultores que están al límite”, señala Ureña.
Todo no ha quedado ahí, pues la sociedad ha cambiado y las metas igual. El profesor advierte que la protección del medio ambiente empezó a ser importante hace 20 años “y cada vez será más”. Además, en la actualidad la UE hace hincapié en cuestiones como la mejora del bienestar animal.
Objetivos que debe tener en cuenta la nueva PAC
Tras la marcha del Reino Unido de la Unión Europea, “que aportaba más dinero que recibía”, uno de los primeros obstáculos que tendrán que hacer frente los estados miembros será la “limitación presupuestaria” en la elaboración de la nueva PAC, que está en plena negociación.
Las primeras negociaciones auguraban una reducción del 14 por ciento, sin embargo, Félix Ureña señala que “en principio parece que será menos”. El profesor considera que la nueva PAC, tras la del periodo 2015-2020, “tiene que seguir garantizando la renta para los agricultores”, además de apostar por “la incorporación de jóvenes a la agricultura y el mantenimiento del empleo”.
Cuando existe poca disensión sobre los efectos del cambio climático, el profesor apunta que la nueva PAC tendrá además que defender aún más la protección del medio ambiente, preservar a la población del medio rural y mantener su defensa de la calidad y la seguridad alimentaria.
“El dinero que recibe el agricultor estará más justificado si la nueva PAC defiende estas cuestiones”, señala el profesor. En estos meses, el Consejo Europeo tiene que cerrar el marco financiero plurianual que marcará el presupuesto que la Comisión Europea tendrá para desarrollar la PAC. La previsión es que esté en marcha en 2022 o 2023.
La rémora en C-LM: el pago básico en base a derechos históricos
Los agricultores de esta comunidad autónoma han recibido una media de 800 millones de euros al año a través de la PAC -600 millones a través de las ayudas desacopladas y 60 millones de euros por las asociadas en 2019-. La ayuda es “sustancial”, aunque el Gobierno regional espera mejorarla. La Junta defiende la “convergencia” entre los derechos a pago básico por cultivos para eliminar la discriminación que sufre Castilla-La Mancha frente a otras regiones.
El profesor recuerda que, en la anterior reforma, España optó por realizar la convergencia impulsada desde Europa de acuerdo a la “racionalización de la PAC” en base a los “derechos históricos” a la hora de hacer los pagos por hectárea a cada agricultor. El resultado fueron grandes diferencias entre comunidades autónomas.
Así, mientras que el valor medio de los derechos de pago básico en Castilla-La Mancha por hectárea son 104 euros, en España la cifra asciende a 144 euros, lo que significa que hay regiones por encima de los 200 euros. Félix Ureña destaca que “Castilla-La Mancha ha salido claramente perjudicada”.
El debate está en si todo el mundo tiene que cobrar lo mismo por hectárea o hay que basarse “en lo que hizo un agricultor hace 20 años”. El docente considera que la segunda opción “no es justa”, y se muestra partidario de una convergencia mucho mayor, ya que en la actualidad hay 50 regiones productivas, marcadas por geográfica y tipo de cultivo.
En otro orden, el profesor también se muestra partidario de poner un “techo” a las ayudas económicas que reciben las grandes explotaciones, beneficiadas por ejemplo por las economías de escala. La Comisión Europea propone un techo que esté entre los 60.000 y los 100.000 euros.