La carta de navegación de las empresas competitivas recibe el nombre de “misión”. Sin ella, el rumbo no estará estratégicamente definido y las posibilidades de naufragar empresarialmente se multiplican. La misión, consecuentemente, guía a las empresas para poder navegar a largo plazo.
Del mismo modo y para orientarse a corto-medio plazo, las compañías ganadoras elaboran un plan estratégico en el que proyectan sus objetivos.
Al igual que hacen las empresas que saben timonear, la sociedad civil española tuvo que diseñar durante las tres últimas décadas una ruta de navegación, al objeto de guiar a nuestra democracia y protegerla del peligroso oleaje que producen los abusos del poder.
Por el contrario y debido a una escasez de cultura democrática, los españoles hemos delegado esta función de control en el propio sistema, es decir, en la corrupta partitocracia. Incumpliendo con ello nuestras obligaciones para con la democracia.
Los ciudadanos permitimos que el pseudo Estado de Derecho español blindara al Estado (bipartidismo), y maniatara paralelamente al Derecho (ciudadanos). Puesto que tanto el PSOE en 1985 como el PP en 2013, secuestraron sucesivamente a nuestra Justicia.
Igualmente, los españoles tampoco quisimos contrarrestar el excesivo poder que el finiquitado y corrupto Régimen del 78 otorgó a los partidos políticos. Y debido a nuestra cobardía, la omnipotencia del PP-PSOE-CiU ha convertido a España en una cleptocracia, politizando la Administración e interviniendo la economía.
Por tanto y contradictoriamente, los culpables del fracaso del sistema somos los ciudadanos, que acomodados en un irreal Estado del bienestar, hemos creído que la libertad y la democracia son títulos nobiliarios y, por consiguiente, podríamos heredarlos por derecho. La ausencia de una sociedad civil activa en España ha provocado el “bienestar del Estado” y el malestar de los ciudadanos.
El resultado no es otro que la podredumbre actual, que en forma de corrupción sistémica e institucionalizada está sepultando nuestro proyecto de democracia.
¿Qué podría hacer la sociedad civil, actualmente y sin mirar atrás, dado el entorno de crispación social creado por la corrupción político-sindical?
De forma pacífica, los españoles podríamos ejercer una gran presión social para que el PP-PSOE resucite a Montesquieu.
Únicamente una Justicia independiente, que juzgara sin interferencias políticas a los políticos y sindicalistas corruptos, podría salvar al sistema in extremis. La sociedad civil debe presionar para que los “Poncio Pilatos” que gobiernan los altos tribunales de Justicia españoles no sigan “lavándose las manos”.
Para salvar a un equipo de futbol de la quiebra o de un descenso de categoría si se movilizan los ciudadanos. ¿Por qué no lo hacen para salvar la democracia y la libertad? La sociedad civil está subestimada pero ostenta un gran poder si actúa debida y contundentemente.
¿Un pacto contra la corrupción acordado por el PP-PSOE, dos partidos especializados en encubrir el latrocinio y la malversación de caudales públicos?
El PP-PSOE quiere seguir jugando al “y tú más”, creyendo que la corrupción no les afectará electoralmente, tal como ha sucedido en el pasado. E ignorando que las mejores cartas puede tenerlas un recién incorporado tercer jugador, que no va de farol. El encubrimiento de la corrupción política por parte del PP-PSOE puede provocar que los neomarxistas de Podemos saquen un póquer de ases en las próximas elecciones generales. Y salte la banca. Nunca mejor dicho.
El sistema político-económico parasitario y clientelar instaurado en España por el PP-PSOE-CiU está podrido. Para regenerarlo, es imprescindible comenzar por dotar de independencia a la Justicia. Y reducir ostensiblemente el poder de los partidos políticos.
