La tía carnal de las niñas de 7 y 10 años que acogió en su casa de Ciudad Real en 2010, tras ser declaradas en desamparo, respalda a su marido P.R.R., al que se juzga en la Audiencia Provincial por dos presuntos delitos de agresión sexual continuada sobre las menores, en la actualidad jóvenes de 23 y 21 años.
La tía, hermana de la madre de las niñas, ha contado que sus sobrinas se convirtieron en dos más de la familia desde que empezó la convivencia con ella, su marido y sus dos hijas mayores de edad cuando llegaron a casa sus sobrinas. Dice que lo que cuentan no es posible. Las jóvenes, que declararon el miércoles en un juicio que se celebra a puerta cerrada, llegaron a relatar hasta seis agresiones por semana, a la misma hora, y en un espacio de la vivienda, con otras personas allí, en el que según esta testigo no es posible que ocurriera eso.
Su marido no estuvo en casa hasta 2017 a la hora de la comida
Además ha explicado que hasta 2017 su marido no comía en casa, por lo que es imposible que hiciera lo que relatan las denunciantes, que supuestamente soportaron nueve años de abusos hasta que en 2019 lo contaron a unas amigas, llegó a oídos de la dirección del instituto en el que estudiaban, y el educador las acompañó al centro de la mujer a contarlo.
Respecto a qué ganan las chicas con denunciar o por qué acusan a su tío, la mujer del acusado lo interpreta como una represalia por castigos “propios de cualquier padre o madre” a unas adolescentes que se portaban mal. De hecho dice que la denuncia fue un mes antes de que a una de las niñas la pillaran robando y a otra le abrieran un expediente por mala conducta en el instituto, según ha contado a Lanza Francisco Víctor, el abogado que defiende al acusado.
También ha declarado este jueves la jefa de servicio de Bienestar Social de la Junta, a la que las acusaciones consideran responsable civil subsidiaria de lo que supuestamente les ocurrió a estas menores especialmente vulnerables. La técnica ha relatado que los seguimientos directos los hacían los Servicios Sociales municipales, unas dos evaluaciones al año, en las que no se detectó ningún problema de convivencia o integración de las menores, tuteladas por el Gobierno regional.
La acogida familiar, un recurso habitual para evitar los centros
La acogida por la familia extensa es un recurso frecuente en caso de menores en desamparo que se prefiere a un centro de acogida. Las familias acogedoras reciben a cambio una pequeña compensación y durante ese proceso se hacen evaluaciones. En este caso los informes recogen que había “un buen ambiente familiar”.
El equipo psicosocial del Instituto de Medicina Forense tiene dudas
El equipo psicosocial forense del Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real, a las que se pidió un informe de credibilidad de las menores, han mantenido que tienen dudas, no es que crean que las menores mientan, pero no ven totalmente sólido el relato, en el que detectan incongruencias.
Las acusaciones mantienen la petición de 24 y 30 años de cárcel
A la vista de la más de veintena de testigos y peritos que han declarado durante dos días ante la sección segunda de la Audiencia, la fiscalía no ha cambiado su tesis acusatoria y pide 24 años de prisión para el acusado, al que considera culpable de dos delitos continuados de agresión sexual.
Los abogados que ejercen la acusación particular en nombre de las jóvenes elevan a 30 años de cárcel la solicitud de condena, además piden la responsabilidad civil subsidiaria de la Junta de Comunidades, en caso de que se condene a P.R.R. Reclaman 200.000 euros de indemnización por daños morales (la fiscalía 60.000, 30.000 por cada joven).
La defensa reclama la absolución
La defensa tampoco ha modificado sus conclusiones e insistirá en solicitar la libre absolución en la última vista del juicio que se celebra este viernes, también a puerta cerrada.
El acusado por su parte, que declaró el miércoles durante una hora en el juicio, ha negado el espeluznante relato de las jóvenes, que ratificaron su denuncia después de él, en la misma sala protegidas por un biombo. “Lo que dicen y han mantenido es incompatible con una mínima racionalidad”, insiste su abogado.
Las agresiones que denuncian las jóvenes habrían consistido, según el escrito de acusación de la fiscalía, “en tocamientos, penetración anal, penetración vaginal, masturbaciones mutuas y tocamientos por la zona genital, glúteos y pecho en el caso de B [una de las niñas]; y obligarle a realizarle masturbaciones y felaciones, así como en tocamientos tanto de la zona genital, como del pecho y nalgas en el caso de C.”
Del juego al chantaje emocional
Se supone que el acusado obtenía la colaboración de las chicas mediante engaños, o bien decía que era un juego, o les hacía chantaje emocional, se supone que “era un favor” por lo que él hacía por ellas.
La defensa aporta el informe de un ingeniero de sonido
La defensa llevado al juicio a un ingeniero de sonido y un arquitecto que han estudiado el diseño de la vivienda para ver si es posible que lo que cuentan las denunciantes no se escucharan o lo vieran las otras mujeres de la casa, porque supuestamente muchas de esas agresiones se cometían con sus tías y sus primas allí.
A la defensa le llama la atención que en nueve años no contaran nada ni tuvieran ningún comportamiento extraño y pasaran los filtros de control de los trabajadores. Además cuestiona que el caso, que se archivó en 2019 con las mismas pruebas: el testimonio de las chicas, se reabriera en 2020. Las acusaciones particulares y ellas mismas han contado en el juicio que no denunciaron antes por la vinculación con este “hogar”.
