Los abogados defensores de la madre y los cinco acusados de prostituir y abusar de una menor discapacitada en un pueblo de la comarca de Puertollano han admitido hoy que la joven -de veinte años pero de siete mentales-, ha sido víctima de abusos sexuales (pruebas médicas certifican que tuvo relaciones antes de los 16), pero consideran que la justicia, en su ansia por encontrar culpables, ha errado con los cinco señalados como presuntos abusadores que han compartido banquillo con la madre, contra los que dicen que no hay pruebas claras ni biológicas.
“La instrucción ha sido desastrosa y sea cuál sea el veredicto no se podrá hacer justicia con una investigación así”, señala el abogado Enrique García Herrera, que entiende que se quiera que quienes lo hicieron paguen, “¿pero son estos los culpables?”, se ha preguntado el letrado, que como el resto de defensas reclama la absolución.
Dámaso Arcediano, defensor de otros dos presuntos abusadores, ha rebatido que se haya probado el delito de prostitución, “por más que sea repugnante y condenable”, y ha hecho hincapié en la “deficitaria carga probatoria”.
Los nombres de los abusadores no salen de ella
Contra el rotundo testimonio de la niña, a la que no se ha interrogado directamente en el juicio por las limitaciones de su discapacidad, pero que sí dio nombres y detalles en la exploración del equipo psicosocial, alegan que algunos de esos nombres no salieron espontáneamente de la menor, sino inducidos por las peritos. También han cuestionado que se pueda determinar quién de los acusados hizo qué cosa, “no es lo mismo un abuso sexual con acceso carnal que un tocamiento”, y han criticado que se meta a todos en el mismo saco de culpabilidad.
Críticas a la “pasividad” de la Junta
La supuesta “pasividad” de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también se ha llevado lo suyo en las conclusiones finales. “La Junta [personada como acusación popular] enarbola ahora la defensa de la menor pero si hubiera actuado antes con esta familia y le hubieran retirado a los niños esto no habría pasado”, ha apuntado otros de los letrados, que argumenta que están en el banquillo sólo porque la niña los conocía del pueblo.
Reconocimiento parcial de los hechos
La fiscalía sin embargo ha insistido en que no se ha vulnerado ningún derecho de defensa, pese a que la menor no haya declarado directamente, y ha esgrimido como carga probatoria tanto los testimonios de la discapacitada y la hermana que denunció, como del “reconocimiento parcial” de los hechos por parte de los acusados, que en el juicio han admitido mantener contacto con la niña y la familia.
Razones fundadas para retirar menores
Carmen Delgado, abogada que ha representado en el juicio a la Junta de Comunidades, entiende que en las críticas a los Servicios Sociales hay un reconocimiento ímplicito de las culpas “si estos señores pasaban por allí a ver a la familia, comprarles conejos o lo que fuera y dicen que no sucedía nada ¿por qué íbamos a intervenir nosotros?, es una contradicción”. “Para que Bienestar Social le retire los niños a una familia deben existir unas razones graves y muy fundadas, como sucedió después de que se denuncian estos hechos”.
Al menos cuatro años de abusos
Las acusaciones consideran probado que al menos entre 2010 y hasta 2014 la acusada M.A.E.G. prostituyó a su propia hija, menor y discapacitada (tenía entre 12 y 13 años cuando empezó), a cambio de dinero, tabaco o regalos de poca monta, y que cinco de esos presuntos abusadores son J.C.G.R., J.M.R., F.R.G., D.G.G. y F.J.L.V, que se aprovechaban de la gran y evidente discapacidad de la chica para hacer con ella lo que les venía en gana con la colaboración de la madre. Todos ellos se enfrentan a 14 años de cárcel, cinco por prostitución y nueve por abusos sexuales con acceso carnal de menor de 13 años, o alternativamente de menor discapacitada.
