El progreso de las mujeres españolas como ciudadanas ha sido patente en los últimos 30 años, dentro de una imparable senda que desembocó en importantes conquistas sociales. Y aunque los avances fueron y siguen siendo insuficientes, España supo despertar del ostracismo y enderezar su futuro hacia una sociedad sustentada en cambios legislativos y políticos que en el caso de la igualdad fueron pioneros y permitieron la ejecución real de los derechos constitucionales. Tres décadas de políticas europeas han supuesto el marco idóneo para permitir que el feminismo siga desarrollándose, de la mano del tejido asociativo femenino, y vinculado a reivindicaciones como la participación política, la lucha contra la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos, y el empoderamiento social. Ahora, Europa y, por ende, España, se enfrentan a otra realidad vinculada a la naturaleza, y que desde la perspectiva de género se hace necesaria para combatir la desigualdad en el uso, acceso y control de los recursos naturales. En este ámbito, la PAC ha sabido responder con mecanismos que refuerzan el papel de la mujer como agente de desarrollo rural.
J. Y. / Ciudad Real
Los cambios sociales producidos desde que España ingresó en la Unión Europea en 1985 han afectado de lleno a las mujeres por haber sido destinatarias de las correcciones de las desigualdades a las que históricamente fueron relegadas en los ámbitos ciudadano, público y profesional.
España inició una acción legislativa imparable y moderna con una ley del divorcio bastante progresista que provocó enfrentamientos en los partidos de la época y el rechazo de la Iglesia Católica.
Siguió con despenalización del aborto, a través de una norma que se aprobó el mismo año de la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas y que supuso un avance en la toma de decisiones de las propias mujeres sobre su salud sexual y reproductiva a la hora de interrumpir voluntariamente el embarazo.
Igualmente, coincidiendo con el desbordante despertar cultural y artístico de una España que se pintaba la cara de colores, las españolas ampliaron y consolidaron su incorporación al mercado laboral y a los espacios públicos en el seno de un estado del bienestar impulsado por los fondos europeos.
Así, la sociedad tenía garantizada una red universal de servicios sanitarios y educativos, y las universidades empezaron a llenarse masivamente de alumnas, una tendencia que anticipó las actuales generaciones de mujeres dueñas de su futuro profesional.
Por derecho propio, la población femenina española se fue liberando del peso demográfico (tenían menos hijos), empezó a cuestionar los estereotipos de género y alcanzó un papel activo en decisiones de pareja, dentro de una emancipación que también llegó a la forma de comunicarse y transportarse.
Desde esos años, las españolas ya conducen sus propios coches, a la par que los varones, y son sujetos activos en las responsabilidades económicas de las familias (a pesar del retroceso que ha supuesto la crisis).
Precisamente, el espacio familiar ha sido uno de los que más cambios ha registrado a lo largo de los últimas tres décadas, con una participación más equitativa del varón en las tareas domésticas (todavía hay una gran pues las españolas, junto a las italianas, son las que más tiempo extra dedican a labores domésticas respecto a los hombres, según un estudio de la Universidad de Oxford, con 139 minutos (2 horas 19 minutos más al día) y la punta de lanza en la que se han convertido los abuelos (sobre todo las abuelas) en los últimos años para muchas parejas acosadas por la crisis desde los 90. Ahora, los pensionistas son base económica para hijos en el paro y son el refugio de los nietos durante su crianza.
Pionera
Todos estos avances han sido amparados por un importante tejido legislativo muchas veces muy precario en su ejecución.
Marisol Campos, profesora de Historia del Derecho de la UCLM, destaca el carácter precursor de la normativa española en materia de igualdad y de violencia de género, pues ha permitido, por un lado, dar pasos hacia el empoderamiento y, por otro, visibilizar la lacra social del maltrato.
“España ha sido pionera” en el desarrollo de leyes dirigidas a hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres “por la postergación que tenía”, mientras que Europa, según aduce, ha vivido otro recorrido en la regulación de los avances de las mujeres.
“Ha sido cuestión de culturas”, argumenta, y por ello, por llegar más tarde, España “ha ido abriendo camino” en ámbitos como la lucha contra el maltrato. Precisamente, en países del norte del continente que desde hace décadas disfrutan de una sociedad en teoría más igualitaria -sobre todo en cuestiones laborales-, cuentan con “índices relevantes de violencia hacia las mujeres”.
En la conquista de espacios y libertades de las mujeres europeas, reflexiona Campos, han influido “las distintas trayectorias históricas” de los estados.
Así, recuerda que países como Francia, adalid del triunfo de la revolución frente al viejo régimen, fundamentó el pronunciamiento en una legislación “absolutamente patriarcal”. De hecho, la escritora y filósofa francesa (autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudada en 1791), Olympe de Gouges, murió guillotinada al reclamar a los revolucionarios la igualdad de derechos para las mujeres en lo legal, político y social, pues todos los proclamados fueron sólo para los hombres.
La realidad de España ha sido otra, aunque igual de perniciosa a lo largo de los siglos para las mujeres (con alguna excepción), si bien, en las últimas tres décadas ha respondido legalmente de manera certera en la protección de la mujer y en la lucha contra las conductas machistas. Los articulados “han dejado de ser palabras”, sostiene Campos, pues han representado los esfuerzos de España por situarse a la vanguardia de las políticas de igualdad, aunque haya habido recortes de entorno el 24% en el impulso a la igualdad para y de un 6,8% en las medidas contra la violencia de género.
En conjunto, una treintena de leyes vinculadas a diferentes espacios del derecho (que sería necesario hacer vinculantes, según las feministas más críticas) han regulado actuaciones y obligaciones concretas para erradicar la desigualdad en España y han sido referente en Europa. Una de las más completas fue la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que introdujo como novedad la paridad en las listas de las candidaturas a las elecciones.
En el caso del maltrato, España volvió a mostrar hace más de 10 años una buena dirección con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que instaba a toda la sociedad, incluidos los medios de comunicación, a construir una cultura de equidad.
Igualmente, España encontró en Europa un gran aliado en ámbitos como el derecho internacional público y privado, pues el primero regula materias como los derechos humanos, y el derecho humanitario, y el segundo ha sido positivo para dirimir controversias como el reconocimiento de hijos, los matrimonios o el cumplimiento de las sentencias judiciales.
Espaldarazo
María Dolores López Caniego, profesora de Sociología de la UCLM, razona sobre el camino iniciado por España para combatir la desigualdad porque “las españolas no partimos de cero cuando entramos en la entonces Comunidad Económica Europea”.
La influencia de la UE para el país en general y las mujeres en particular fue “un espaldarazo”, al ingresar “en una organización supranacional que nos llevaba años de experiencia democrática” y que garantizó “la continuidad de los logros”.
La profesora comenta que la contraprestación española fue “ajustar” las políticas en materia de igualdad y derechos humanos para “equipararnos al resto de países”, y el movimiento feminista, recuerda, “pasó de la clandestinidad a trabajar abiertamente y llevar a cabo reivindicaciones que ya eran una realidad en Europa”.
Por otro lado, la pertenencia a la hoy Unión Europea favoreció desde sus inicios “la creación de redes, la circulación del conocimiento y las buenas prácticas”, y sobre todo, la difusión del pensamiento, necesario para un país que salía de cuarenta años de aislamiento”.
López Caniego valora los avances legislativos y sociales de los últimos treinta años en España, pero seguirá habiendo desigualdades “si el modelo masculino sigue siendo la pauta a seguir”.
Por ello, opina que es preciso “un cambio de roles donde los hombres adopten situaciones tradicionalmente femeninas relacionadas con el cuidado”, en lo que es el llamado trabajo reproductivo “invisibilizado y sin remuneración”.
La docente advierte de las limitaciones de esta dedicación para la carrera profesional de las mujeres y los perjuicios para la salud. “La incorporación de las mujeres al mercado laboral y, por tanto, su salida del espacio privado al público, ha supuesto un paso importante hacia la igualdad”, relata, a la vez que alerta sobre una sobrecarga que hace que “suframos estrés, ansiedad o las denominadas depresiones de género, consecuencia de unas expectativas que superan nuestra la capacidad”.
En este sentido, aboga porque al cambio cultural se sume la acción del Estado y apueste de manera real y efectiva por políticas de conciliación, que “continúa siendo uno de los grandes retos para la igualdad”.
Un paso adelante es el estudio de la racionalización de horarios y la conciliación de la vida laboral y familiar dentro de un Plan Integral de Apoyo a la Familia para algunas voces contradictorio, porque los horarios están siendo más rígidos y se ha ampliado la jornada laboral.
Precisamente, la última reforma laboral ha hecho que las empresas hayan revisado las condiciones laborales y los convenios colectivos con cambios en las jornadas reducidas y excedencias, y con más trabajo a tiempo parcial y más horas extras.
Esa cuestión, para la profesora de la UCLM, está tremendamente marcada por la crisis financiera internacional y la explosión de la burbuja inmobiliaria en España a principios del presente siglo.
“En una situación de penuria laboral como la actual, recuerda, las mujeres son las más afectadas” por las reducciones de jornadas, la precarización laboral y la vulnerabilidad ante los despidos. “Es una cuestión económica pero también estructural, fruto del sistema patriarcal”, precisa. Las mujeres, tanto españolas como europeas, tienen hasta una triple jornada, frente “a la situación de privilegio de los hombres”, concluye.
Según otras fuentes, la carga familiar y laboral de las féminas incide en la brecha salarial y debilita la capacidad de negociación de su sueldo.
Tanto es así, que uno de los últimos informes sobre los progresos en la Igualdad en la UE alertaba de que de mantenerse la tendencia actual, habría que esperar hasta 2084 para que las mujeres y los hombres tuvieron salarios equivalentes.
Lo que queda por hacer
Los avances en materia de igualdad en España han sido tan positivos como vulnerables a cualquier cambio socioeconómico, dado que la mujer desempeña diferentes papeles (madre, esposa, ama de casa, empresaria o trabajadora), y los efectos -negativos o positivos- le llegan por diferentes frentes. Así lo ha puesto de manifiesto la última crisis con importantes frenos al desarrollo de las mujeres, sobre todo en el ámbito laboral y profesional, que afecta por consecuencia al personal.
Las expertas apuntan a más segregación laboral, un falso control de la brecha salarial, y del techo de cristal, además de las dificultades para la conciliación.
¿Qué queda por hacer?
Concha Barranco, experta en políticas públicas de igualdad y empleo, y socia fundadora de Global Equality explica que en los últimos años Europa ha concebido unas políticas “que miran más a los mercados que a la problemática específica de la mujer”.
Han priorizado, a su juicio, las relaciones económicas “frente a lo social”, sobre todo en los países del sur, donde el colectivo femenino tiene un fuerte componente de cuidador”.
Barranco celebra los avances avalados por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea con directivas de igualdad y sus transposiciones a todas las normativas, que en España “han llegado a permear” por el “efecto multiplicador” de las autonomías y los ayuntamientos. “Ha sido una forma positiva de hacer política con estructura, estrategia y recursos, ya que no se ha dejado a voluntad”.
La influencia europea, reconoce, ha sido evidente, tanto por los fondos económicos empleados, como los partenariados impulsados entre socios europeos “que han permitido enriquecer al movimiento de mujeres español y los organismos de igualdad”.
Otra cuestión “clave” es la violencia hacia las mujeres, un fenómeno que lacra a toda la sociedad si atendemos a las conclusiones del Consejo Europeo en su evaluación anual a la estrategia para la igualdad de género de la Comisión Europea, y que apuntan a que una de cada cinco mujeres sufre violencia en el ámbito doméstico, y una de cada dos está sometida a alguna forma de acoso sexual. “Este es un tema pendiente, y las instituciones europeas tienen que seguir trabajando porque se vulnera el principio de igualdad ante la gran inseguridad que sufren las mujeres por serlo”, sostiene la feminista.
Otro asunto pendiente es el techo de cristal en el ámbito laboral, aunque “haya un 60% de graduadas y las mujeres tengan más cualificación”. En este caso, el acceso a la toma de decisiones en las grandes empresas (con 22,7% en 2015) o a los medios de comunicación es minoritario, dado que “no se responde el nivel de formación de las mujeres con su llegada a los puestos de decisión”.
Esto genera una brecha salarial que se acentúa con los periodos de maternidad y que aleja a las mujeres de cargos en los que podría ser promovida, pues muchas madres rechazan puestos que les exigirían invertir más horas de trabajo.
Barranco también denuncia fenómenos que Europa tendría que atajar como las “barreras a nivel horizontal”, una especie de murallas compartimentadas que hacen que haya segregación por sexos, pues las mujeres están más vinculadas al sector Servicios o a áreas relacionadas con la educación, la salud y la atención a colectivos vulnerables. Se trata de áreas “muy feminizadas” en las que, paradójicamente, es donde se han producido más recortes.
Agricultoras del mañana
Los fondos agrícolas de la UE han sido un revulsivo para el sector primario español. Según datos de la UE, el sector agrícola representa cerca del 10% de la población económicamente activa del país, aunque más de la mitad de los titulares de explotación son mayores de 55 años, los menores de 35 años suponen sólo un 5%, y cerca de 400.000 mujeres rurales han emprendido en los últimos años.
La actividad agrícola está emergiendo entre las agricultoras españolas como una forma de vida profesional y una salida laboral que no acaba de tener eco en la Ley sobre Titularidad Compartida de las explotaciones.
De lo que sí son conscientes es de las medidas contempladas en la Política Agraria Común (PAC) para el desarrollo rural, que les están permitiendo avanzar en el liderazgo y en una mayor representatividad en los órganos de dirección de las cooperativas.
Carmen Vallejo, viticultora y profesora de Gestión Medioambiental, Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Planes de Igualdad de la EOI, asegura que “el campo está sufriendo una transformación en el modo de producción y en la mano de obra, pues ya no es la agricultura tradicional, de sol a sol y con necesidad de fuerza física, sino que cada vez más se trata de planificar tu cultivo y de administrarlo con herramientas cada vez más mecanizadas”.
Cuando se encuentra inmersa en la gestión de la vendimia de su explotación en Villarrubia de los Ojos, Vallejo reconoce que el marco europeo encabezado por la PAC “está permitiendo emprender de manera más fácil, pues “se están facilitando ayudas y se intenta hacer discriminación positiva para generar un entorno favorable”.
La bióloga y también presidenta de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, advierte de los inconvenientes a la hora de visibilizar a las mujeres como titulares, a tenor de los escasos resultados de la Ley de Titularidad Compartida, que en cinco años de desarrollo sólo ha registrado 187 altas.
Este revés se debe, según aduce, a que en el ámbito público, “intervienen muchas instituciones diferentes como Hacienda y la Seguridad Social, mientras que en el ámbito privado está el núcleo familiar, a veces reacio o poco informado”. Además, como todo joven agricultor ante una inversión agrícola, las agricultoras también se encuentran con los problemas del acceso a la tierra y a la financiación.
Más presencia
La presidenta nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), Carmen Quintanilla, razona en este sentido y asegura que “hoy en día son cada vez más las mujeres que deciden incorporarse a la actividad agraria, ya sea como titulares o cotitulares, y apostar por mantener y conservar la vida en nuestros pueblos”.
Quintanilla explica que hace 30 años las mujeres en la agricultura eran invisibles “no porque no desarrollaran un trabajo importante y fundamental como colaboradoras en las explotaciones agrarias y ganaderas, sino porque estaba reconocido, ni era visible”.
En los últimos años, “hemos avanzado mucho, y gracias a organizaciones como Afammer hemos conseguido que el papel de las mujeres como agentes de cambio en el mundo rural se reconozca y se tenga en cuenta en las agendas políticas”.
Esta portavoz recuerda, igualmente, que la Ley de Titularidad Compartida dio cobertura a las demandas de las agriculturas, al igual que en Francia y Bélgica, que tienen regulaciones similares.
Para Quintanilla, la pertenencia de España a la UE y a las políticas de la PAC, “supuso un importante revulsivo” pues “muchas de las infraestructuras que existen hoy en día se hicieron gracias a estos fondos y han vertebrado gran parte de nuestro territorio”
Gracias ello, el sector agroganadero español “es una potencia de primer orden a nivel europeo y mundial”, tanto a nivel de producción, comercialización y exportación como es el caso del aceite de oliva, del vino (con cifras de récord) y de la carne de porcino.
Quintanilla señala que estos resultados relacionados con las mujeres rurales también tiene que ver con la IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Pekín en 1995 en la que participó, ya que “fue un punto de inflexión para el avance de la mujer en muchas áreas, incluida en su relación con el medio ambiente”.
