La reforma judicial que proyecta el Gobierno con el objetivo de “democratizar” la justicia se topa con el rechazo frontal de las nuevas promociones de jueces y fiscales, contrariados por los traslados forzosos y las facilidades para acceder a la profesión sin haber superado la oposición.
“Los traslados obligatorios son planteamientos anacrónicos, que atacan el derecho a la conciliación de la vida personal y familiar”, señala Laura Sotoca, jueza de la promoción del año pasado en los juzgados de Puertollano, su primer destino. Directamente afectada, como miembro de las nuevas generaciones que mayoritariamente están formadas por juezas, Sotoca ejerce de portavoz en Castilla-La Mancha de un movimiento contrario a esta reforma “desvinculado de las asociaciones judiciales”, remarca.
«No vivimos en la Moraleja»
Los nuevos jueces y fiscales se sienten atacados en derechos con un anteproyecto que en su opinión parte de un planteamiento erróneo, “la estadística dice que la mayoría somos de familias de clase media, muchos con padres sin estudios universitarios o sin relación con estas profesiones. No vivimos en la Moraleja”, cuenta, para rebatir el precepto de «democratizar» la justicia porque supuestamente a la profesión solo acceden las élites económicas.
“Que se fortalezcan las becas para ayudar a las personas que preparan la oposición nos parece estupendo, el resto de medidas son discutibles”, dicen.
Las firmas contra el anteproyecto que ha iniciado la promoción 72ª -la de esta jueza- corre a la par que la indignación por los juzgados de Ciudad Real, Castilla-La Mancha y el resto de España. Han superado las 1.500 firmas en apenas diez días desde que empezaron a movilizarse para que el ministro de Justicia Félix Bolaños reconsidere la reforma.
Los jueces decanos, con las nuevas promociones
El principal apoyo moral lo han recibido esta semana de los jueces decanos de España que se han solidarizado con ellos firmando un comunicado en el que “muestran su apoyo público y adhesión a los comunicados emitidos por los compañeros de las promociones 72ª, 73ª y 74ª de la carrera judicial”.
En el comunicado de apoyo, que firma el juez decano de Ciudad Real, Antonio Moreno de la Santa, entre otros, estos jueces y juezas veteranos comparten su preocupación “por las previsiones en torno al establecimiento de un concurso forzoso y un proceso de consolidación, como nueva forma de acceso a la carrera”, dicen textualmente
Traslado forzoso: anacrónico y perturbador
El anteproyecto de reforma de ley recoge que una persona que ascienda a la categoría de magistrado (algo que llega por antigüedad, en función de las vacantes), solo podrá permanecer en una plaza de juez, como las tres que existen en los juzgados de Puertollano, un máximo de tres años, a partir de ahí tienen que concursar y hacerlo con un traslado forzoso.
“Consideramos que es una propuesta anacrónica y gravemente lesiva para la conciliación personal y familiar. Supone una movilidad geográfica obligatoria incompatible con la realidad social de la carrera judicial y fiscal, imposibilitando la continuidad del núcleo familiar en un mismo domicilio”, dice el comunicado que están firmando jueces y fiscales para intentar parar esta reforma.
Argumentan que la medida perjudica además a los miembros de la judicatura y la fiscalía que viven en zonas con pocas plazas de magistrado disponibles, normalmente en provincias de la España menos poblada como Castilla-La Mancha, “forzándoles a abandonar su residencia”.
Juzgados condenados al tránsito, como los de Puertollano
Sotoca aporta un detalle de su propia experiencia como titular ahora del juzgado número 3 de Puertollano. “Los perjudicados también son los ciudadanos, todas las plazas de Puertollano son de juez, no de magistrado. Aquí hay poca continuidad lo que perjudica a la gestión. Las plazas son de tránsito, hay mucho cambio y cuando una persona empieza a dominar el trabajo y las distintas materias se le obliga a moverse sin necesidad. Los juzgados sufren con los cambios de titularidad constantes”.
No a la estabilización de sustitutos sin pasar por la oposición
Los jueces de las nuevas promociones están totalmente en contra de que se permita acceder a la carrera fiscal y judicial a través de la figura del juez sustituto, personas que tienen la carrera de derecho, no han aprobado la oposición, pero que entran en la bolsa para cubrir sustituciones temporales, una situación laboral en la que pueden eternizarse.
“El proceso de estabilización y el posible reconocimiento de su antigüedad como sustitutos perjudica nuestras posibilidades de promoción y el desarrollo de nuestras carreras profesionales, al tiempo que desincentiva a los actuales opositores, que ven mermadas de forma significativa sus posibilidades de acceso”, dice el comunicado de rechazo.
«Colar» a los sustitutos no es la solución al abuso de la temporalidad
“Las reclamaciones en relación con sus condiciones laborales y el abuso de la temporalidad no pueden solventarse a costa de perjudicar a los jueces y abogados fiscales que han accedido a sus carreras por turno libre (especialmente los integrantes de las últimas promociones), ni a los opositores que se sacrifican durante años, sin remuneración alguna, para llegar a la carrera.
Lo que dicen es que la falta de personal se tiene que solventar aumentando el número de plazas del turno libre. España tiene la peor ratio de jueces de la Unión Europea, 11 por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 24.
«La mejor manera democratizar es sacar más plazas»
Opinan además que supone un grave riesgo a la independencia judicial crear una puerta de atrás para designar a jueces al margen del sistema de oposiciones que garantizan el acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. “La mejor manera de democratizar la justicia es manteniendo este sistema y sacando más plazas”, agrega Sotoca. “Cuando yo me presenté a la oposición salieron 300, pero cada año son menos, es verdad que se abusa de la temporalidad, pero la forma de compensarlos no puede ser a costa del trabajo de cualquier opositor”, remata.
En el 2009 el traslado forzoso se eliminó del acceso a la carrera pero ha sido introducido en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley que regula el Estatuto del Ministerio Fiscal que fue aprobada como anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros del pasado 21 de enero.
https://www.peticion.es/ni_traslado_forzoso_ni_estabilizacion#a
Recogida de firmas y petición desde la semana pasada
A los jueces y fiscales de las nuevas promociones que han iniciado la recogida de firmas y la petición formal al ministerio para que atienda sus reivindicaciones la apoyan la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente.
La mayoría de quienes se están quejando públicamente del contenido del anteproyecto de ley no están adscritos a ninguna asociación ni quieren que se confundan sus quejas con partidos políticos o ideologías.
