Las organizaciones agrarias y cooperativas de la región ven con cautela la actualización del sistema de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo aprobado ese viernes en el Consejo de Ministros, con un total de 4.989 hectáreas concedidas, la totalidad de la superficie disponible para 2017, es decir, el 0,52% del potencial vitícola nacional a 31 de julio de 2016, 1.013.011 hectáreas, entre las 959.535 ha plantadas y otras 53.476 pendientes de ejecución.
Castilla-La Mancha es la que más superficie sumará, con 2.428 ha, tras solicitar 7.818 has por parte de 2.007 titulares físicos o jurídicos, con lo que se sitúa en el primer puesto, seguida de Castilla y León, con 624 hectáreas; La Rioja, 471, y Extremadura, con 422 hectáreas.
En total se trata de 800 hectáreas más de las autorizadas para el primer año de aplicación (2016), fijadas en el 0,43% de la superficie de 2015, y que equivalió a 4.173 has.
Organizaciones como Asaja y COAG ven positivo pero con matices el nuevo sistema introducido por la UE para ampliar “de manera controlada” la superficie de viñedo, frente a la liberalización por la que podría haber optado como en el lácteo que tantos problemas ha provocado.
José Joaquín Vizcaíno, responsable de Vino de COAG, recordó que las concesiones se han hecho a través de un sistema nacional cuyo resultado fue comunicado por el Ministerio de Agricultura el 30 de junio a las comunidades autónomas.
El reparto y los criterios de las nuevas autorizaciones, según explicó, “se han estado negociando durante un año”, dado que “no estábamos muy de acuerdo” con algunos de los principios aplicados antes, como que pudiera optar personas jóvenes que no tenían viñedo a su nombre y, por tanto, “no eran profesionales”. Estos requisitos aplicados a las nuevos agricultores como colectivo prioritario provocaron la llegada de “testaferros”, aseguró el portavoz de COAG.
Igualmente, tampoco se limitaba al alza la solicitud de nuevas superficies vitícolas, permitiendo que a un solo solicitante se le concediera una superficie superior a la de una explotación media.
Por ello, tras corregirse estos criterios, “esperamos que funcione mejor” la norma de aumento del potencial vitícola, “para un reparto más justo y controlado”, en base a un 1% anual y en función de la necesidades de las denominaciones de origen o indicaciones protegidas.
Asaja
En la misma línea valoró la normativa de concesión de incorporación de superficie de viñedo el secretario técnico de Asaja Ciudad Real, Arturo Serrano, quien celebró que el Ministerio de Agricultura “haya tenido en cuenta nuestras alegaciones y revindicaciones”.
“Una persona que no era agricultor o no era titular de un viñedo tenía más prioridad que uno profesional”, se quejó, a la vez que comentó que “también vimos una diferencia grande a nivel nacional entre las peticiones que se realizan en función de hectáreas que se pedía, por lo que apostamos por la diversificación de explotaciones y por una visión más realista”.
Por ello, Serrano aplaudió que el Mapama, tras la revisión de los criterios de prioridad en la concesión para que el sistema cuente con la máxima eficacia y equidad, “el reparto será más injusto”.
Este portavoz de Asaja aprovechó para trasladar el malestar de la organización sobre la gestión que hace la Consejería de Agricultura para tramitar los expedientes de arranque o de replantación, pues “te piden declaración de cosecha”. Este requisito implica que “al menos tienen que tenerla un mínimo de un año para poder solicitar el arranque”.
Esta aplicación “más restrictivas, retrasa en sus labores en campo al viticultor”.
En concreto, según el Mapama se incluyen dos nuevos criterios de admisibilidad, para demostrar la capacidad y competencia profesional del solicitante, que debe indicar también el destino comercial de su viñedo y así cumplir el derecho de las DOP a limitar su potencial productivo, y un nuevo criterio de prioridad que supondrán una mejora en el régimen de acceso a las autorizaciones
Igualmente, se adelanta el calendario de las autorizaciones de nuevas plantaciones para permitir una mejor planificación del sector.
Comunicación
Las comunidades autónomas deben notificar estas concesiones a los solicitantes antes del próximo 1 de agosto.
