“Lo hice, no lo voy a negar, lo maté, pero por miedo y porque no sabía lo que él me podía hacer a mí, estaba agobiado, no podía salir”. Con estas palabras Ramón Cádiz, principal acusado de asesinar presuntamente a Diego Flores el 23 de junio de 2014 justificó el trágico suceso por el que ha sido juzgado durante tres días, junto a sus hermanos José y Manuel, en la Sección Primera de la Audiencia provincial, por el que se enfrenta a entre 33 y 34 años de prisión.
En su alegato final, Ramón, que desde el primer momento se declaró único culpable, indicó que “nosotros, la comunidad gitana, nos arreglamos entre nosotros”, y “si quiero discutir con él, lo hago, como los hombres, pero estaba harto de un tío, otro tío, otro tío,…”.
Se refirió a incidentes anteriores entre las familias Flores y Cádiz, origen de este caso judicial, en las que participó Diego Flores, como en el que un sobrino suyo, menor de edad, recibió un disparo del fallecido por error.
En el turno final ante el tribunal explicó que a lo largo de los últimos años, tres de los siete hermanos Flores y otros familiares lo habían estado instigando sin descanso. “Vinieron a buscarme con escopetas y mi mujer me lo decía”, dijo, a la vez que desmintió que el ataque mortal que acabó con la vida del miembro de su clan rival fuera planificado porque “si lo hubiera querido matar, lo mato, y voy solo”, pero “no (espero) siete años a venir a Ciudad Real, quitarle la escopeta y matarlo”.
Insistió en que actuó así por temor y, de hecho, en el lugar del tiroteo, en la vía de desaceleración de la salida 9 de la A43 en Carrión de Calatrava, tuvo que frenar “fuerte” y embestir a la furgoneta “por miedo”.
A su juicio, fue un acto espontáneo pero fruto de la presión amenazante que venía soportando, tal y como le advertía su mujer, que “me decía no vayas, que te están esperando mis tíos y también mis padres”.
“Me han querido matar cuatro o cinco veces, como aquella vez en la Ronda que se liaron a tiros, igual como en La Atalaya”, al igual, que, según dijo, tuvo que irse de Ciudad Real a vivir a Pozuelo, donde también fue “expoliado” por la comunidad gitana local instigada por los Flores, y después le pasó igual en Miguelturra, Tomelloso y Alcázar, por lo que terminó en Linares (Jaén).
Por eso, en el caso que se ha enjuiciado, “no cabe en la cabeza,… estuve embaucado, y él (por Diego Flores) se metió por donde me metí yo porque conocía el coche, era primo de mi mujer y lo había visto”.
Los otros dos hermanos no quisieron hacer uso de su palabra al final del juicio que ha quedado visto para sentencia.
Conclusiones
Previamente, las partes expusieron sus conclusiones, y pidieron, con ligeras modificaciones, las mismas condenas y reclamaciones al tribunal que las que habían expuesto de manera provisional.
Planificación
El fiscal solicitó 33 años para cada uno de ellos e indemnizaciones para sus familiares (dejó la margen a dos hermanos que habían fallecido) y aseguró que había quedado acreditado que los tres procesados habían planificado el asesinato de Diego Flores y también el de su mujer, Carmen V..
Valoró como pruebas objeto de los delitos de asesinato, conducción temeraria en concurso con homicidio y tenencia ilícita de armas, la alta velocidad a la que viajaban en la autovía, la primera colisión “para expulsarlos de la vía”, el segundo impacto en el carril de acceso, la participación de Ramón y José en el apedreamiento de Diego, el disparo a bocajarro del arma (desestimó que fueran dos, porque había dos cartuchos detonados pero no quedó claro que ambos dieran a Diego Flores), la muerte “alevosa”, la forma de deshacerse de la escopeta por parte de Manuel, al tirarla a la vegetación, la vigilancia de éste mientras ocurrían los hechos y la huída de los tres a pie.
También comentó su reincidencia y que los hechos estén organizados como una “vendeta” porque, a su juicio, “hubo dolo en el intento de acabar con la vida de los dos”.
Alevosía de desvalimiento
De su lado, Jesús Corella, en representación de la viuda, mantuvo su solicitud a los magistrados de 34 años y tres meses para cada uno de los hermanos, al tratarse de un asesinato “con alevosía de desvalimiento”, y en un ataque sorpresivo, “en el que se aprovecharon del desamparo de la víctima”.
El letrado descartó el ensañamiento como otro factor a castigar, dados los comentarios de los forenses sobre la contundencia y repetición de los golpes y por el testimonio de la viuda y único testigo, “que les rogó que dejaran a su marido ya”.
El abogado de la acusación mantuvo, además, que se puso en riesgo la vida de otras personas en la autovía y la de los propios implicados, y como estrategia, Ramón “puso a dormir a sus hermanos”, frente “a la tozudez de mi cliente, que dijo la verdad, y que fue creíble, constante y continua”.
En su opinión, hubo preparación al haberse reunido en Torralba días antes, tal y como constataron algunos testigos, y subrayó que Ramón no mostrara arrepentimiento por matar a Diego. En el caso de Carmen, “no lo hizo porque pensó que no le quedaban cartuchos”.
Respecto a la petición de más de medio millón de euros, valorado con el seguro del automóvil, argumentó que “hay que resarcir a la familia”.
Fue la víctima
Dionisio Garrido, el defensor del principal encausado, Ramón Cádiz, pidió al tribunal que “limpiaran las acusaciones, que han engordado sus peticiones basadas en pruebas sin fundamentos” y que no constaban en los autos, así como aseguró que su defendido “fue la víctima, e intentó escapar de Diego”.
Garrido pidió una valoración jurídica que “simple y llanamente se circunscriba a los hechos probados”, como es la pelea “en igualdad de condiciones” entre Diego y Ramón y en la que a priori “no aparece el arma”.
El letrado cuestionó que se expusiera por parte de las acusaciones pública y privada comentarios de los acusados y otras interpretaciones de técnicos como pruebas fehacientes, así como pidió que se “valoren circunstancias médicas probadas” y se apliquen como eximentes, pues padece esclerosis múltiple, está en tratamiento por drogadicción y hay un informe que recoge que tiene trastorno de la personalidad.
Así, en un larguísima exposición, Garrido “quiso aclarar los adornos y el agua turbia” y aseguró que Ramón “estaba amenazado”, que ese día había consumido drogas para aliviar sus dolencias y que en la A-43 recibe un golpe por la furgoneta de Diego Flores, “el único golpe de la autovía”, además de la colisión en la salida de la vía y el choque con la isleta que fue tremendo y pensó que sus hermanos habían muerto. “Tenía la cabeza absolutamente perdida, y se produjo el peor de los desenlaces”.
Aseguró que la versión correcta es la de Ramón y que no hubo alevosía, ni emboscada, ni superioridad, en lo que fue “una obcecación” de su patrocinado, que cometió un delito de homicidio.
Absolución
Por su parte, Tomás Torre, defensor de Manuel Cádiz, pidió la absolución en base a los principios constitucionales de in dubio pro reo y presunción de inocencia. Sostuvo que Manuel no participó en los hechos, “ni como autor, coautor, cómplice o cooperador necesario”, pues tal y como han expuesto peritos, agentes y técnicos, “no saben quiénes son los verdaderos culpables”. Tampoco Carmen V. lo inculpó, destacó, al igual que quitó peso jurídico a las versiones de testigos de referencia al no haber sido probadas.
En la misma línea, Jorge Sánchez, letrado de José Cádiz, y en otro largo alegato pidió la libertad para él. Rebatió algunas de las pruebas de las acusaciones como que había restos de su sangre en la furgoneta de Diego, y aseguró que eran del propio cadáver, proyectadas por el disparo, mientras que otro hisopo analizado “fuer un error”. A su juicio, tampoco hubo reparto de funciones en el supuesto plan criminal, así como José, que iba de copiloto, tampoco pudo corregir a su hermano cuando conducía peligrosamente porque “no tenía autoridad moral sobre él”.
El abogado de Allianz, la aseguradora del BMW, dijo que la alta indemnización que piden está excluida en la jurisprudencia y en las leyes si se utiliza como instrumento para cometer un delito, como es el caso.
Por ello también pidió que se absuelva la compañía, y en el caso de que se haya condena, que sea por el valor venal del automóvil, que es de 11.300 euros. Además, pidió que no se condene a esta sociedad a costas porque ni siquiera la acusación lo ha solicitado.
