Los 500 empleados del Servicio de Correos en la provincia iniciarán el próximo 7 de junio las movilizaciones que se han convocado a nivel nacional y que irán ‘in crescendo’ hasta una huelga general en el sector prevista para después del verano.
Así lo han anunciado este lunes los representantes sindicales del sector, Felipe Martínez, del Sindicato Libre; Manuel Maldonado, de CSIF; Félix García, de UGT; y Eduardo Martínez, de CCOO, quienes han vuelto a denunciar “la precariedad y situación a la que nos está llevando el Gobierno”.
“Llevamos dos años de recortes en la financiación, con 180 millones, este año 122 millones menos, que repercute en la contratación, en los días de asuntos propios, o en las unidades con acumulaciones, así como el 35% del personal es eventual y hay jornadas de 8 horas a la semana”, han declarado.
En concreto, el jueves 7 de junio se desarrollarán paros en las dos últimas horas por la mañana y las últimas dos horas por la tarde, así como a las 13 horas se manifestarán en las puertas de la Subdelegación del Gobierno.
A nivel provincial el recorte en el servicio, según han asegurado, ha provocado “el déficit más alto de la historia de Correos”, con 225 millones menos y “una merma de los derechos de los 500 trabajadores de la provincia”.
Al parecer, ha habido 32 modificaciones y 12 supresiones en servicios rurales, con diez menos desde 2016, que implica reducciones de jornadas, dentro “de un modelo de empleo precario”, con “menos calidad por el exceso de rotación en los puestos, con personal temporal o con minijobs, causando sobrecargas, aturación, bajas por enfermedad y en definitiva, una desmejora clara en las condiciones laborales”.
Han suprimido a 150 carteros, el 26% de la plantilla, que afecta, han concretado, a las ciudades más grandes de la provincia como la capital, Puertollano, Alcázar de San Juan, Daimiel o Manzanares.
Igualmente, las “reestructuraciones grandísimas” en el Campo de Montiel, en Piedrabuena, Calzada de Calatrava, o en Almodóvar del Campo, han afectado a pueblos como Villamayor de Calatrava, que se ha quedado sin oficina, y los empleados “tienen que ir al paso”, es decir, “van en el coche, y si ven a los usuarios que no estaban en su casa, les dan los paquetes o las cartas”.
“Implica que no se puede repartir todos los días a la semana y no se garantiza el servicio postal universal”, han agregado.
También han denunciado la congelación del convenio colectivo, tras cuatro años “sin regulación ni actualización del salario, el empleo, los derechos de los trabajadores”, una situación que ha llevado a los trabajadores “a un extremo inaguantable”, y mientras “que se no se arregle, no podrán con nosotros”, por lo que “lucharemos por nosotros y por la ciudadanía”.
