La deuda del Gobierno balear con empresas vinculadas a CRIA que ha reactivado la venta del aeropuerto de Ciudad Real cuando todo parecía perdido, se perfila como única solución viable al enredo en el que se ha convertido la operación.
Ni los administradores concursales ni la sociedad concursada, CR Aeropuertos, se han opuesto al nuevo planteamiento de la empresa de Rafael Gómez Arribas que el jueves presentó un escrito en el juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real proponiendo pagar los 53 millones que restan por abonar de la compra (unos 57) con los 87 que en un plazo de cuatro meses le tiene que entregar el Gobierno balear por sentencia judicial ratificada por el Tribunal Supremo.
Un medio de pago legal
“A mí personalmente no me gusta pero la cesión de un crédito es un medio de pago admisible. No nos oponemos si se arbitran mecanismos que garanticen que los acreedores cobren de forma anticipada”, ha explicado a Lanzadigital.com el abogado de la concursada Jesús Barroso.
Máximas garantías
La empresa en liquidación que promovió el aeropuerto sugiere en el documento que ha presentado esta mañana en el juzgado “que dado que podrían acaecer circunstancias de difícil previsión en estos momentos (…) se hace necesario que el juzgado dote de las máximas garantías el cumplimiento efectivo del pago”.
También exige que se pongan “condiciones resolutorias” para que la deuda sólo se extinga cuando dicho crédito haya sido efectivamente cobrado por la cesionaria o rápida resolución del contrato en caso de incumplimiento de la recepción de las instalaciones.
La “dación en pago” por la deuda del Gobierno balear no es tan sencilla. Para empezar no es con CRIA (Ciudad Real International Airport), sino con empresas vinculadas a esta sociedad cuyo propietario es Rafael Gómez Arribas.
Los acreedores desconfían
Entre quienes alegan en contra están acreedores que insisten en la idea de que cobrar del Gobierno balear –al parecer uno de los más solventes- no será fácil al tratarse de una administración “no solo por el carácter inembargable de los bienes de dominio público, sino también por la dejadez o pasotismo de muchas administraciones a la hora de cumplir las sentencias judiciales”, dicen.
“Muchísimas administraciones lo que hacen es demorar el pago, aduciendo el grave perjuicio que para las arcas públicas puede suponer dar cumplimiento de las sentencias proponiendo calendarios de fraccionamiento y aplazamiento de pago a lo largo de muchos años”, añaden.
Este viernes el juzgado no ha dado ninguna información sobre la resolución final, a la que también tiene que alegar el ministerio fiscal. De ser aceptada la propuesta de pago hecha de CRIA el juez Carmelo Ordóñez que lleva el concurso podría dictar un auto entre el martes y el miércoles de la semana que viene con el que, esta vez sí, finalizaría la venta a la adjudicataria provisional. Continuará.
