El conflicto de los bomberos del SCIS que han tenido que abandonar el consorcio tras la convocatoria y la realización de las pruebas de las 37 plazas de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2015 apunta a que va a marcar el mandato del actual equipo de Gobierno socialista en la Diputación.
En el Pleno de la Corporación de este viernes, el conflicto volvía hacerse presente con la presencia de un grupos de bomberos que pertenecieron al SCIS, que han comentado muchas de las intervenciones del equipo de Gobierno, en una sesión donde el objetivo era dejar clara la buena gestión que se realiza al frente de la institución, con la rendición de cuentas del ejercicio de 2017, que presentan con un remanente de tesorería –superávit- de 63,6 millones de euros.
El punto álgido de la sesión se inició por un ruego y pregunta del diputado del PP Carlos Martín de Leona, que incidía sobre la situación de las personas que han tenido que dejar el SCIS para que sus puestos sean ocupados por los que han aprobado las oposiciones.
Martín de la Leona pedía una solución para estos trabajadores, también en su condición de personas, a la vez que sembraba alguna duda sobre el proceso de las oposiciones, pidiendo información sobre la custodia de los exámenes de las pruebas celebradas.
Estas preguntas eran jaleadas por los bomberos presentes que, a la vez, pedían al presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, explicaciones sobre por qué no se había recurrido la sentencia que obligaba a convocar la OPE o por qué no se cubrían las plazas vacantes en el SCIS por ellos. Así mismo lanzaban en voz su sospecha por el hecho de que el número uno de los que habían aprobado las oposiciones haya sido un dirigente socialista de Daimiel.
Cumplir con las resoluciones judiciales
El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, incidía en la respuesta que ha mantenido durante todo este tiempo el equipo de Gobierno ante el conflicto: que había cumplir con las resoluciones de los tribunales de Justicia y que esto es lo único que se ha hecho.
Caballero trataba de encauzar la situación esgrimiendo la buena gestión que su equipo está realizando al frente de la situación, la más saneada, decía, la que más invierte en los municipios y la que más ayuda a generar empleo.
Obras extraordinarias y cuenta general
La referencia a la gestión venía apoyada en un punto anterior donde la vicepresidenta de Hacienda, Lidia Molina, había dado a conocer los datos generales de la cuenta de la Diputación del ejercicio de 2017, que presenta un remanente de tesorería, un superávit, de 63,6 millones de euros.
Molina desgranaba los datos sobre inversiones en obras municiap0les, lo destinado a ayuntamiento o lo dedicado al empleo y volvía a hacer mención una vez más de la cortapisa que supone el techo de gasto que marca el Ministerio de Hacienda para las administraciones locales, de los 106 millones de presupuestos, solo se pudo gastar 82 millones.
En este punto, en todo caso, el debate ya venía caliente. Previamente, atendiendo al acuerdo entre la Federación Española de Municipios y el Ministerio de Hacienda, se había aprobado por los dos grupos PSOE y PP, destinar 4,4 millones del remanente positivo de tesorería a obras financieramente sostenibles.
El portavoz del PP, Adrián Fernández, lamentaba, tras la presentación del punto por la vicepresidenta Lidia Molina, que los socialistas hicieran “recortes” sobre el posibilidades de actuaciones que podían llevar a cabo los ayuntamientos, en relación a la opciones que deja el acuerdo entre la Federación de Municipios y Hacienda.
El presidente Caballero intervenía en este punto para puntualizar las palabras de Fernández. Los socialistas “no recortan”, sino que “acotan” las obras que se podrán hacer con ese dinero.
El intercambio de reproches se prolongaba durante unos minutos, en los que el PP cuestionaba la decisión de “acotar” del equipo de Gobierno y Caballero y Molina trataban de explicar que los ayuntamientos de la provincia van a tener acceso a todo tipo de actuaciones, sino en este plan extraordinario, sí en el plan ordinario de obras, que está dotado con 8.8 millones de euros.
