Marco Reina recurrirá al Supremo: “Consideramos que no ha habido delito”, dice su abogado

Belén Rodríguez Ciudad Real
Reina, en la última sesión del juicio el pasado 21 de noviembre / Elena Rosa

Reina, en la última sesión del juicio el pasado 21 de noviembre / Elena Rosa

El letrado Pablo García Minguillán tacha de “extremadamente rigurosa” la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial y explica que ha pedido una aclaración

Marco Reina, el fisioterapeuta de Ciudad Real condenado a 3 años de cárcel por un delito continuado de administración desleal respecto de la residencia de mayores Andamarc, de la que fue socio fundador, recurrirá la sentencia, que de quedarse tal y como se ha dictado por la Audiencia Provincial le obligaría a ir a la cárcel.

“Nos parece extremadamente rigurosa”, ha señalado en declaraciones a Lanzadigital.com su abogado Pablo García-Minguillán, que en estos días ha pedido una aclaración de aspectos técnicos del fallo y ha anunciado el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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No hay delito

“No hay delito, ni continuado ni sin continuar”, mantiene García-Minguillán, al que le ha resultado chocante que el fallo de la sección segunda “haya duplicado la pena de un año y medio por administración desleal que pedía el fiscal”.

Marco Reina, uno de los fisioterapeutas más reputados de Ciudad Real, ha vivido estos últimos tres años su particular calvario personal al enfrentarse a una querella criminal, a la que luego se sumó la fiscalía, por haber hecho negocio personal mientras administrataba la sociedad propietaria de la residencia Andamarc, ahora propiedad del empresario de Valdepeñas Alfonso Manzanares.

Culpable de administración desleal

El tribunal que lo ha juzgado junto al otro socio fundador del grupo Daniel Ribas lo ha declarado culpable de un delito continuado de administración desleal durante los años 2010-2013, en los que estuvo al cargo de la promoción y puesta en funcionamiento de la residencia de mayores.

Sobrecostes a beneficio de sociedades propias

Tanto Reina como Ribas no debían cobrar por su trabajo, según los estatutos fundacionales de la sociedad, pero lo hicieron. Lo peor es que mientras contrataban la obra, primero de construcción de la residencia y luego de ampliación del proyecto a vivienda tutelada, subcontrataron partidas de equipamiento, mobiliario etc, con hasta nueve sociedades propias, que luego revendieron esos servicios al grupo Andamarc, con sobrecostes millonarios.

El tribunal no solo ha condenado a Reina a prisión, sino que le ha impuesto el pago de la mitad de las costas procesales y ha establecido una indemnización “por daños y perjuicios” al grupo Andamarc de un millón de euros.

Su socio, que llegó a un acuerdo con la fiscalía y reconoció los hechos, ha sido condenado a cuatro meses de prisión por lo mismo. Se considera que ha reparado el daño porque ha entregado sus acciones al actual propietario y se ha desvinculado del grupo.