El fisioterapeuta y empresario ciudarrealeño Marco Reina, promotor junto al arquitecto Daniel Rivas de la residencia Andamarc de Ciudad Real entre 2010 y 2013, afirma que fue el principal artífice del proyecto, que sacó adelante en tiempo récord (dieciocho meses en vez los veinticuatro previstos), consiguió el suelo y que el negocio tuviera clientes esperando incluso antes de abrir.
Para que la residencia saliera adelante, según ha declarado, dejó su negocio de fisioterapia de dieciocho años y se dedicó en cuerpo y alma al proyecto: “Le dedicaba más de 24 horas al día”, ha dicho. “Cuando constituimos la sociedad quedamos en que yo tenía que cobrar por mi trabajo, porque era el único que dejó su empresa por la residencia”, ha señalado en otro momento de la declaración.
“Sín mí no hubiera habido residencia”
“Sin mí no hubiera habido residencia Andamarc”, ha rematado hoy ante la sección segunda de la Audiencia Provincial que lo juzga por un presunto delito de administración desleal respecto a la sociedad que fundó con Rivas (el otro acusado), en la que entró después un socio capitalista Alfonso Manzanares, ahora uno de los principales accionistas junto a Manzanares Barchino SL.
Acusación “infundada”
Reina, convaleciente de una intervención quirúrgica, por lo que se le ha permitido declarar en una silla más cómoda y se le han facilitado analgésicos, se considera víctima de una acusación “infundada” en palabras de su abogado Pablo García-Minguillán.
Respecto a los supuestos sobrecostes por valor de dos millones de euros (la acusación particular dice que fueron tres) en las obras de construcción, equipamiento y ampliación a centro de día de la residencia, Reina lo niega. “Yo firmaba los documentos que me pasaba Daniel”, el otro acusado.
Ambos aseguran que de todos los gastos e inversiones en la obra se iba informando a Globalcaja, la entidad financiera con la que suscribieron el préstamo inicial, y que si subcontrataron con sociedades propias servicios que le prestaron a la empresa Encoman SL., la constructora elegida para el proyecto, fue por seguir la mecánica que les pedía la entidad.
Un trabajo ingente al proyecto
“Nos dedicamos a no hacer ni un euro de más para encarecer el proyecto, incluso poniendo personal y dependencias de nuestras empresas. Yo he aportado un trabajo ingente que no tiene valoración, no entiendo que hago aquí”, ha declarado Reina en otro momento del interrogatorio de las partes.
Marco Reina y su entonces socio Daniel Rivas constituyeron en 2010 una sociedad mercantil cuyo objetivo era la explotación, construcción y prestación de servicios de residencia para la tercera edad, así como servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales. Un año después en 2011 firmaron un contrato de ejecución de obra con la constructora Encoman SL pero se reservaron la ejecución directa de varias partidas, como la dotación de equipamientos de mobiliario, lavandería y cocina de la residencia y el control técnico.
Fiscalía y acusación particular dicen que esas partidas de obra fueron subcontratadas por la constructora a nueve sociedades que los acusados habían constituido sin el conocimiento del resto de sus socios, y a través de las cuales lograron facturar sobrecostes desproporcionados a su propia sociedad, Grupo Andamarc, de la que también eran administradores solidarios.
Los empresarios querellantes, actuales propietarios del grupo Andamarc, dicen que se enteraron de las presuntas irregularidades en una reunión. Al contable le resultó extraño que le presentasen unos estadillos de las cuentas en los que había muchos impagados pero casualmente se había desembolsado más de un millón de euros a una sociedad que era propiedad de los administradores de la residencia y empezaron a tirar del hilo. Según dicen comprobaron que había sobrecostes en equipamiento, cocina y control de calidad.
El fiscal pide 3 años de prisión para ambos
La fiscalía, que entró en el asunto a raíz de la querella de los particulares, pide 3 años de prisión por administración desleal para los acusados y resarzan al Grupo Andamarc con 2 millones de euros.
Los querellantes, a los que representa el abogado Jesús Barroso, solo acusan a Reina (con Rivas han llegado a un acuerdo a cambio de acciones) y además por más delitos que la fiscalía, entre ellos estafa. Esta parte pide 9 años de prisión para el fisioterapeuta.
El juicio, que se ha iniciado este miércoles tras cinco suspensiones previas, las dos últimas por problemas de salud del principal acusado, se retomará el próximo 13 de noviembre.
