Más de 200 profesionales de Atención Primaria del sistema público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha han alertado este lunes sobre el «progresivo deterioro y desmantelamiento» de este sistema en la región y han exigido al Gobierno regional «que refuerce presupuestariamente» este ámbito.
Los firmantes del escrito, recogido por Europa Press, han expresado su «perplejidad e indignación» por la situación actual de las prestaciones económicas y de algunos de los servicios más básicos con los que históricamente han contado para ayudar a la población de los municipios de la región.
En su escrito, han recordado denuncias sucesivas sobre la paralización de las ayudas del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) y las Ayudas de Emergencia Social (AES) y aunque el Gobierno regional «prometió un aumento presupuestario» en 2020, «el anunciado aumento se convirtió en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) en un recorte del 42 por ciento en el caso de las AES» y las cuantías para el IMS «serán más bajas que el año anterior».
Igualmente, han avisado de que desde la Consejería de Bienestar Social «se están aplicando nuevos criterios para la valoración de las solicitudes endureciendo el acceso a las mismas por lo que «serán menos las familias que reciban este apoyo en 2020 y, si lo reciben, será en cuantías más pequeñas».
La aplicación de la Ley de Dependencia
Los firmantes han asegurado que la Ley de Dependencia parece no haber llegado al Sistema Público de Servicios Sociales para mejorarlo «sino para reducirlo drásticamente y privatizarlo, ya que las soluciones que se aportan ante la falta de disponibilidad presupuestaria para atender públicamente las necesidades personales y familiares, se intentan desviar a alternativas privadas a las que, curiosamente, no faltan fondos públicos para mantener y aumentar año tras año».
A su juicio, en este ámbito hay un panorama «devastador» donde servicios como los Centros de Día, Servicios de Estancias Diurnas, Estancias Temporales o Estancias Definitivas en Residencias públicas «están saturados» allí donde existen; se recortan las «pocas opciones de atender a la población en su domicilio y entorno habitual», y los trámites burocráticos a los que se someten las personas que acuden a ejercer sus derechos «les terminan llevando de manera indefinida a listas de espera que, normalmente, son literalmente insoportables».
Los firmantes han incidido en que la eficacia del Sistema Público de Servicios Sociales pasa por dotar a estos equipos de profesionales, por facilitarles la financiación para los múltiples proyectos que se solicitan, y pasa también por facilitar la disponibilidad de herramientas eficaces para atender las situaciones de todo tipo en las que cualquier familia se puede ver inmersa.
Al respecto, han demandado al Ejecutivo autonómico «que apueste de manera decidida por la prevención como principio básico de atención a la población, así como por la atención de toda la población mediante la gestión eficaz de derechos sociales básicos y universales, evitando así que la única salida que les quede a las familias de Castilla-La Mancha para la resolución de sus problemas más graves sean el recurrir a tantas instituciones que gestionan beneficencia con dinero público o resignarse a no poder hacer efectivos derechos básicos que tienen reconocidos».
