El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha propuesto, ante la inminente entrada en vigor de la política arancelaria de Donald Trump desde Estados Unidos a los productos agroalimentarios de Europa y España, distintas medidas encaminadas a favorecer la situación de los profesionales del sector primario, como medidas fiscales a nivel autonómico que complementen las nacionales, nuevos programas de apoyo financiero para facilitar inversión en maquinaria o promover la contratación de seguros agrarios con incentivos fiscales o subvenciones.
Fomentar la simplificación administrativa en los trámites relacionados con la actividad agraria, reduciendo la burocracia y facilitando el acceso a ayudas y subvenciones por parte de los agricultores y ganaderos; e mpulsar programas de formación y relevo generacional que incentiven a los jóvenes a incorporarse al sector agrario, son otras de las medidas que el Partido Popular pondrá encima de la mesa para su debate en la sede del Parlamento autonómico.
Igualmente, plantean a las Cortes la posibilidad de reclamar al Gobierno estatal la aprobación de una Ley de Fiscalidad Agraria que incorpore medidas para aliviar la presión fiscal sobre el sector, sí como intensificar gestiones diplomáticas con Estados Unidos para reducir al máximo los aranceles.
Así lo ha dado a conocer el portavoz de Agricultura y Ganadería del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, en una entrevista con Europa Press, donde ha señalado que se trata de una más de las 16 iniciativas parlamentarias impulsadas por el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes castellanomanchegas, «la mayoría inspiradas» en el documento que el PP entregó al comisario de Agricultura, Cristophe Hansen.
«Tenemos que hacer una política fiscal para nuestros agricultores que esté acorde. No podemos ver en la región cómo se suben las tasas y los impuestos al agricultor, empezando por el canon del agua», lamenta, añadiendo la propuesta de bajar aún más los impuestos a los jóvenes que quieran incorporarse al campo.
Incentivar las jubilaciones para que los hijos de los empresarios del campo accedan antes a la gestión de sus tierras es un ejemplo de planteamiento que ofrece el PP para solventar esta circunstancia.
Hay, entre ellas, otras iniciativas, por ejemplo en materia cinegética, «con cinco PNL registradas» para combatir la superpoblación de conejo o abordar la caza mayor en parques naturales; y también encaminada a favorecer la reproducción del lince.
Carga contra Vox
En este apartado, Lucas-Torres ha querido acordarse de Vox, para decir, sin citarlo, que «quien apoya la política de Donald Trump, no quiere al sector primario, no quiere al campo, no quiere al agricultor ni quiere al ganadero».
Ha destacado la reunión mantenida por una comitiva del Partido Popular de Castilla-La Mancha encabezada por el presidente de la formación, Paco Núñez, con el comisario europeo de la materia, Cristophe Hansen, una cita en la que los ‘populares’ le pudieron trasladar «la realidad de los hombres y mujeres del campo» de la región.
Y es que, en su opinión, esa situación pasa por un momento «muy difícil», y es por ello que llevaron encima de la mesa del comisario «un informe de la situación real» bajo el punto de vista del PP.
De este modo, asegura el ‘popular’ que el informe realizado se elaboró con colaboración de entidades como Cooperativas Agro-alimentarias o Asaja y contenía «seis puntos principales, empezando por el agua» y continuando con extremos como la PAC, el exceso de burocracia, el Pacto Verde o los problemas que en su opinión acarrean medidas continentales como el Pacto Verde.
La incorporación de los jóvenes al campo, la fiscalidad en el sector o los inminente aranceles que la administración liderada por Donald Trump en Estados Unidos quiere imponer al campo europeo fueron otros de los asuntos abordados en la cita, según Lucas-Torres.
Asegura que en la cita de Bruselas, el comisario Hansen recibió el informe «con mucho interés», y es que ha destacado de la figura del interlocutor que, en ocasiones, daba la sensación de ser un agricultor de Campo de Criptana por su conocimiento de la realidad del sector primario español.
Sobre el retorno de la conversación, ha apuntado Lucas-Torres que Hansen le transmitió en materia hídrica que la solución pasaba «por un plan hidrológico nacional», al tiempo que extendía la premisa para hablar de «infraestructuras de agua a nivel europeo». «Si la cuenca de un río nace en España y termina en Portugal, hay que hacer un estudio a nivel europeo», asegura en relación al Tajo.
En materia de vino, según el diputado criptanense, el comisario trasladó al PP «que antes del mes de abril» habría una nueva estrategia establecida; y en torno a la problemática del exceso de burocracia, «habrá una ley ómnibus», tal y como trasladó el comisario. «Nos dijo que un agricultor no puede estar tanto tiempo dedicándose a papeles».
Otra de las materias abordadas sobre la ley de Restauración de la Naturaleza tuvo comentario por parte del comisario, quien trasladó al PP que «no tenía ingún sentido la trazabilidad de los productos europeos», y es que «no se pueden tener más de cien sustancias prohibidas en la Unión Europea y que otros productos de fuera pasen sin control exhaustivo». Ante esta situación, «nos dijo que pondría cláusulas de reciprocidad».
«Cultivar una hectárea de tomates en Albacete vale 20.000 euros y en Marruecos 6.000. Esa competencia desleal no se puede dar», asevera el parlamentario. «Y el comisario nos trasladó que era muy importante la rentabilidad agraria».
Cambios urgentes en la PAC
Otro de los problemas esgrimidos por Lucas-Torres es que se necesitan cambios urgentes en algunos mimbres de la Política Agraria Común, alertando de que, por ejemplo, para reconstruir Ucrania o para devolver los préstamos de los fondos Next Generation, «los miembros de la UE se están fijando en la partida donde hay dinero», y esa es la que corresponde a las políticas del sector primario.
En este contexto, según explica Lucas-Torres, una hipotética reducción del presupuesto desde la hucha europea a España tendría que ser compensada por fondos estatales. «Y conociendo las políticas de la izquierda de España y de Castilla-La Mancha, ¿a dónde nos van a llevar a los agricultores? Nos irá bastante mal», ha vaticinado.
