Las comarcas de Montes Norte, Montes Sur, el Campo de Montiel y el Valle de Alcudia y Sierra Madrona entran en los criterios de la nueva Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha. La densidad de población es uno de los marcadores que tiene en cuenta la norma, pero también “el tipo de actividad económica” y “el número de personas mayores”.
El vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, confirma a Lanza que “el problema de la despoblación está presente en todas estas comarcas de Ciudad Real”, de manera que se beneficiarán de las “medidas de discriminación positiva”, ya sea como zonas “de extrema despoblación” con una densidad menor a los 8 habitantes por kilómetro cuadrado, zonas “con intensa despoblación” si oscilan entre 8 y 12,5 habitantes, y “con riesgo de despoblación” si no superan los 20 habitantes por kilómetro cuadrado.
El problema de la despoblación no es una excepción en esta región con cerca de 80.000 metros cuadrados de extensión, sino la norma. El 91,9 por ciento de los municipios acoge al 30 por ciento de sus habitantes, que llegan a los 2 millones, según confirma el Gobierno regional. “Hace muchas décadas se tomaron decisiones que nos perjudicaron”, insiste el vicepresidente, que considera que es la consecuencia de “la falta de cohesión territorial que existe en general en todo el país”. Ahora esta ley supondrá “un antes y un después”.
Detrás de la Ley contra la Despoblación, el objetivo está claro. “Queremos generar un marco para que la gente pueda decidir libremente su lugar de residencia”, dice José Luis Martínez Guijarro. Pero, el Gobierno regional no tiene la intención de quedarse en este titular, sino que pretende “corregir todas las deficiencias que han contribuido a la despoblación”. “El marco tiene que ser atractivo para que la gente que vive en el campo se quiera quedar y para que los que no lo hacen se lo puedan llegar a plantear”, añade.
Una ley transversal y consensuada
“El problema de la despoblación es poliédrico”, destaca Martínez Guijarro, por lo que la forma de abordarlo será transversal. José Luis Martínez Guijarro destaca que en primer lugar la Ley contra la Despoblación “ha sido muy consensuada”, ha tenido dos procesos de información pública, ha pasado por un gran número de consejos asesores, está apoyada por todos los grupos políticos de la región y en su elaboración han participado colectivos “que están en contacto directivo o que trabajan en zonas afectadas por la despoblación”.
En segundo lugar, “afecta a la práctica totalidad de las competencias de la Administración regional”. Además, es una ley “pionera”, porque hasta el momento, insiste el vicepresidente, “no existe ninguna de estas características en otras comunidades autónomas”, que en pocas ocasiones han ido más allá de abordar el “reto demográfico” y que nunca han tenido en cuenta el efecto de las políticas fiscales.
La Ley contra la Despoblación incorpora una memoria económica, respaldada por la Consejería de Hacienda, donde figura “una inversión superior a los 600 millones de euros en los próximos 7 años (2021-2028)”, a la que se sumarán otras vías tradicionales de financiación a través de fondos procedentes del Feder, Feader y el Fondo Social Europeo. En palabras del vicepresidente, la partida adjudicada demuestra que “la lucha contra la despoblación es una prioridad para el Gobierno regional”.
Una estrategia a “medio y largo plazo”
José Luis Martínez Guijarro apunta que la ley, con 75 artículos y 118 medidas, está formada por dos “ejes troncales”, por un lado “la garantía de servicios públicos” y por otro “el fomento de la actividad económica”. La garantía de acceso a la educación y la sanidad pública está entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, pero la ley también tiene en cuenta las posibilidades de promoción cultural y la mejora de las infraestructuras ligadas al suministro de agua, aparte de la apuesta por crear un entorno laboral positivo.
La Estrategia frente a la Despoblación es el “instrumento clave” en el desarrollo de la ley, y tendrá “una vigencia mínima de 10 años”, con reediciones cada cuatro años para actualizarla a las nuevas realidades. José Luis Martínez Guijarro destaca que “la despoblación no es un problema que se pueda resolver de forma inmediata”, por lo que la intención es obtener los primeros frutos “a medio y largo plazo”.
Educación en los pueblos y sanidad de proximidad
Frente a la eliminación de Centros Rurales Agrupados en las zonas rurales, el Gobierno regional apuesta por establecer colegios “en localidades donde residan al menos cuatro alumnos de Educación Infantil y Primaria” e incluso “mantener los colegios abiertos cuando no lleguen a esa cantidad si existen posibilidades de incorporar más niños en los siguientes años”. Además, pretende aumentar la posibilidad de realizar prácticas en estos entornos, para acercar a la población urbanita.
Con respecto a la educación, la ley incorpora un novedoso programa para garantizar el acceso a la Formación Profesional y a la universidad sin que las familias tengan que abandonar los municipios. Así pues, Martínez Guijarro explica que “la imposibilidad de soportar el coste de dos viviendas, cuando el hijo tiene que trasladarse a una ciudad para continuar con su formación, es una de las causas principales de abandono del entorno rural”. La Junta se compromete “a garantizar la financiación y el acceso a los estudios si se mantienen en los municipios”.
Con respecto a la sanidad pública, la ley garantiza el acceso “con la mejora de las prestaciones en todos los centros de atención primaria” y promueve el uso de la “teleasistencia”, tan extendida desde hace un año con motivo de la pandemia. Además, incorpora una novedad importante para comarcas con infraestructuras deficitarias, como es “la creación de puntos de atención continuada con urgencias a menos de 30 minutos” en coche. En la actualidad, vecinos del entorno de Cabañeros superan estos tiempos.
Residencia a menos de 40 minutos y transporte comarcal
Dentro de los servicios públicos de proximidad, la ley contempla que el suministro de medicamentos esté también garantizado en municipios sin farmacias, “con el fin de que sobre todo las personas mayores puedan conseguirlos sin dificultad”. Para mantener el arraigo de los mayores con los pueblos, la Junta además pretende potenciar la atención a la dependencia, con programas como la ayuda a domicilio y la ‘teleasistencia avanzada’. Otra de las novedades importantes y que supondrá la creación de nuevas infraestructuras es asegurar a la tercera edad “plaza en residencias a un máximo de 40 minutos”.
En la línea con las recomendaciones en las que han insistido tanto expertos, como el profesor de Geografía Humana de la Facultad de Letras de la UCLM en Ciudad Real, Ángel Raúl Ruiz Pulpón, la ley tiene en cuenta la distribución de servicios públicos por comarcas, a través de diferentes municipios de referencia. Así pues, José Luis Martínez Guijarro indica que “por primera vez abordamos el transporte interurbano por comarcas, a diferencia del transporte convencional, que tradicionalmente tenía un carácter radial desde las capitales de provincia”. Medidas en este sentido ya se han puesto en marcha en el Campo de Montiel.
Programas en sectores estratégicos como la ‘economía circular’ e incentivos fiscales
El empleo garantiza el futuro, por lo que el otro pilar clave en la Ley contra la Despoblación es el fomento de la actividad económica, según explica Martínez Guijarro, “con medidas de acción positiva para empresas, emprendedores y autónomos que quieran poner en marcha actividades en el entorno rural”. Existirá “un incremento de hasta el 40 por ciento de las ayudas económicas a las que puedan acceder”. La Junta además quiere “poner en marcha nuevas infraestructuras”, “garantizar el acceso a las nuevas tecnologías, fibra óptica y 5G, en todos los municipios de la región” y potenciar “sectores estratégicos”, como son “la economía circular, la agroalimentación y el desarrollo forestal”.
Sin duda, las medidas de política fiscal es una de las “novedades principales” de la ley, ya que, como destaca Martínez Guijarro, “nunca se había utilizado para abordar el tema de la despoblación”. Castilla-La Mancha contempla desgravaciones en el IRPF de hasta el 25 por ciento para las empresas “por el simple hecho de tener estancia efectiva en el entorno rural”, además de desgravaciones del 10 por ciento por adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda del 15 por ciento para jóvenes. También hay ventajas para empresas en el impuesto de transmisiones de patrimonio y desarrollarán el programa Retorno del Talento Interno.
Medidas que ya están en marcha
Las medidas para “frenar y revertir la despoblación” ya están en marcha. José Luis Martínez Guijarro advierte que “en Castilla-La Mancha ya hay colegios con tan solo niños de 4 años”, pero ahora tendrán “la garantía legal”, para que no sean cuestionados en los años venideros. También han arrancado otras medidas, relacionadas con el transporte, la extensión de la fibra óptica, pero en los próximos meses apretarán el acelerador. Además, si el Covid ha traído algo positivo, ha sido “la puesta en valor de la vida en los pueblos con mayor calidad de vida”, por lo que el Gobierno regional también pretende aprovechar la tendencia.
Cabe apuntar que la promoción del “ocio responsable” y la puesta en marcha de “programas de cultura y de ocio” también está contemplada. El vicepresidente reconoce que “los ciudadanos del siglo XXI valoran mucho el tiempo para el ocio, para relacionarse con el conjunto de la sociedad”, por lo que la Administración pública va a promover la creación de este tipo de espacios donde puedan desarrollarse y acabar con la “moda” de vivir en las grandes ciudades
Castilla-La Mancha pide al Gobierno de España defina las “zonas adyacentes” a las zonas despobladas que contempla la UE
La acción contra la despoblación del Gobierno de Castilla-La Mancha no se reduce solo a esta ley y a las medidas de la estrategia, sino que, además, trabaja junto a otras comunidades autónomas en esta línea. De hecho, este mismo jueves, el Gobierno regional tendrán una reunión en Albarracín con representantes del Gobierno de Aragón y Castilla y León, donde pedirán al Gobierno de España que comience la aplicación del programa específico que existe a nivel europeo y del que se pueden beneficiar Cuenca, Teruel y Soria, reconocidas como Áreas Escasamente Pobladas. Algunos países nórdicos ya las aplican.
Además, José Luis Martínez Guijarro pide al Gobierno de Pedro Sánchez que defina los criterios de las “zonas adyacentes” a las provincias que cumplen con los criterios del programa europeo, para que comarcas como la de Molina de Aragón, en Guadalajara, también puedan beneficiarse. “Está claro que no existen diferencias en cuanto a temas de despoblación entre Molina de Aragón y Cuenca”, confiesa, pero la Unión Europea no va más allá de las medidas provinciales, lo que ha llevado a que se quede fuera Guadalajara entera por el efecto de la alta densidad de población en el Corredor del Henares.
