“No damos abasto, las cargas de trabajo son insufribles”

Belén Rodríguez Ciudad Real

Togas colgadas y jueces y fiscales plantados bajo las escaleras de los juzgados de Ciudad Real hoy / Elena Rosa

Jueces y fiscales de Ciudad Real secundan de forma mayoritaria la huelga convocada por primera vez por todas las asociaciones profesionales en España. Exigen independencia, condiciones de trabajo dignas, más medios y advierten de que a este ritmo de trabajo podrían cometer errores que perjudiquen al ciudadano

Casi todos los jueces y fiscales de Ciudad Real están en  huelga este martes. “No damos abasto, las cargas de trabajo son insufribles”, ha explicado Alba Tenorio, fiscal de la exigua plantilla provincial, mientras que la magistrada Pilar Astray de la APM (Asociación Profesional de la Magistratura) ha denunciado que “existe riesgo de adoptar alguna decisión que perjudique al ciudadano” por las condiciones en las que se trabaja. Ambas han intervenido para los medios después del simbólico cuelgue de togas en las escaleras de los juzgados de la capital, prácticamente parados hoy.

No es normal que este colectivo vaya a la huelga, esta es la primera vez que una jornada completa la refrenden las siete asociaciones profesionales (cuatro de jueces y tres de fiscales) en España, lo que da idea del malestar que han escenificado en la capital Tenorio en representación de los fiscales; Isabel Serrano como jueza decana y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); la magistrada Pilar Astray, delegada provincial de la APM e Ignacio Escribano, magistrado de la Audiencia Provincial y miembro del Foro Judicial Independiente.

Los cuatro han dado la cara por un colectivo que pide el reforzamiento de la independencia del poder judicial, modernización de la justicia, para conseguir más calidad y eficacia, además de mejora de las condiciones profesionales.

Los magistrados Ignacio Escribano, Isabel Serrano y Pilar Astray con la fiscal Alba Tenorio han hecho de portavoces del colectivo en huelga / Elena Rosa

Los magistrados Ignacio Escribano, Isabel Serrano y Pilar Astray con la fiscal Alba Tenorio han hecho de portavoces del colectivo en huelga / Elena Rosa

Derogación de los plazos

La derogación de los polémicos plazos de instrucción que fijó unilateralmente el Gobierno en el año 2015,  mientras que no se dote de los medios necesarios al efecto, atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado y el refuerzo de la independencia y autonomía presupuestaria del ministerio fiscal, son otras de las demandas.

Dicen que no van contra nadie y explican que el balance es decepcionante en estos meses de negociaciones. “No hay compromiso de los grupos parlamentarios para alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la subcomisión, está pendiente la ley orgánica de la recuperación de permisos y vacaciones y hasta la fecha el Gobierno no  ha incrementado el número de jueces y no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal”, ha subrayado la magistrada Serrano.

También lamentan que no se haya convocado la mesa de retribuciones que  se tiene que reunir cada cinco años y  “que no se haga nada por mejorar el proceso de digitalización”.

11 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de media europea

La media de jueces en España es de 11 por cada 100.000 habitantes, cuando en Europa esa proporción es 21 por 100.000. En Castilla-La Mancha no se llega ni a diez y posiblemente en Ciudad Real la proporción no sea ni de 9, ha apuntado el magistrado Escribano.

La situación de huelga de hoy es tan “anormal”, ha asegurado el magistrado que incluso los servicios mínimos los han tenido que fijar ellos.

El trabajo del juez no importa

Pilar Astray ha sido muy dura con el momento actual por el que atraviesa el sector, “en los noventa trabajábamos con unos medios muy precarios pero daba la sensación de que importábamos. Hoy en día nos da la sensación de que pisamos en tierra movediza, a nadie le importan la resolución de tal manera que se hacen reformas legislativas como la oficina judicial o el expediente digital pero ninguna orientada a favorecer que el juez puede trabajar con calidad y con tranquilidad”.

La experimentada magistrada de la Audiencia ha insistido en el peligro para el ciudadano “hacemos este paro porque nosotros somos los primeros que no estamos conformes con la justicia que podemos impartir”.