“Hace más de un año que el Ayuntamiento de Manzanares transfería desde sus cuentas bancarias, más de 300.000 euros a una cuenta de titulares desconocidos. Tras detectar el error y suponer que había sido víctima de una presunta estafa, el Ayuntamiento interponía denuncia ante la Guardia Civil, sin que a día de hoy se haya recuperado ni un sólo céntimo, a pesar del tiempo transcurrido, y de los esfuerzos de nuestro alcalde por echar tierra sobre el asunto con mensajes tranquilizadores”, con esas palabras daba comienzo la rueda de prensa que la Portavoz de los Populares de Manzanares, Rebeca Sánchez-Maroto, ha ofrecido en la tarde de este jueves en su sede, según informa este partido en nota de prensa enviada a este digital.
Según Sánchez-Maroto: “Preocupados por la gravedad del asunto, y al tratarse de una cantidad nada despreciable que proviene de los impuestos que con tanto esfuerzo pagamos todos los vecinos, el pasado mes de octubre, en el pleno correspondiente, pedíamos al alcalde que nos informara sobre los trámites seguidos por el ayuntamiento para recuperar el dinero”.
En este sentido, los populares de Manzanares aseguran que “lejos de contestar a nuestras preguntas, el alcalde se negó de forma rotunda a informar a la oposición y a los vecinos sobre el tipo de procedimiento judicial iniciado, el juzgado que lleva a cabo la investigación o el estado de la causa, alegando la ridícula excusa de que dar esos datos produciría un efecto llamada a los ciberdelincuentes que al escuchar sus explicaciones en el pleno podrían atentar contra nuestro ayuntamiento”, una teoría que para los populares de Manzanares es “totalmente descabellada y conspiranoica fruto del desconocimiento de nuestro alcalde sobre la materia o lo que es peor, fruto de su incompetencia para la gestión.”
En este sentido, la portavoz del PP en el Ayuntamiento se ha dirigido al Equipo de Gobierno manzanareño exigiendo transparencia en la gestión del dinero público, recordando al alcalde que negar información a los concejales sobre asuntos municipales, supone un atentado contra los Derechos Fundamentales, que están dispuestos a reclamarle en los Juzgados.
La nota concluye manifestando que, pese a las acusaciones de deslealtad del alcalde, seguirán informando a los vecinos sobre este asunto, hasta que vean recuperados esos 300.000 euros “que son de todos y para todos”.
