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“No pretendía engañar a nadie, la feria Activa fue un fracaso y me arruiné”

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Los investigados, arquitectos de profesión, escuchando el testimonio del empresario de montajes que los acusa de estafa / Elena Rosa
Belén Rodríguez / CIUDAD REAL
La promotora de una feria empresarial en 2011 en Ciudad Real se defiende del presunto delito de estafa. Fiscalía y acusación piden 3 años de cárcel y que pague más de 90.000 euros a una empresa de montajes

La promotora de la feria empresarial Activa, acusada de estafa por la fiscalía de Ciudad Real y una empresa de montajes a la que le debe más de 91.000 euros desde 2011, asegura que no quiso engañar a nadie, pero que las cosas no salieron como esperaba.

“Invertí dos años de mi vida en el proyecto. No pretendía engañar a nadie, la feria fue un fracaso y me arruiné”, ha declarado la procesada, T.M.S.T., en el juicio en la Audiencia Provincial que se ha celebrado contra ella y su marido D.A.H. este martes.

Optaron a las ayudas Miner de Puertollano

Arquitectos de profesión, la pareja se afincó en esa época (2010-2011) en Puertollano y optó a ayudas de los fondos Miner (para reactivar las comarcas mineras). Pretendían crear una productora audiovisual y para eso constituyeron la sociedad limitada Heuto Tecnología, con la que optaron a una subvención de 4,5 millones de euros de los Miner. Claro que para conseguirla tenían que invertir previamente 8 millones de euros.

Dos años de trabajo en Activa, celebrada en marzo de 2011

En paralelo y para conseguir vías de financiación de su proyecto central: la productora, se implicaron en el diseño y montaje de la feria Activa en el pabellón ferial de Ciudad Real, un proyecto que tuvo una amplia difusión en prensa y en el que según la acusada invirtió su patrimonio de entonces y dos años de trabajo.

La feria, que reunió a un centenar de expositores, se celebró finalmente en marzo de 2011 durante tres días en pleno estallido de la crisis económica. Los numerosos no salieron como esperaban los promotores, que habían constituido Heuto y otra sociedad, Cerrolongo Obras, con un capital mínimo de 3.000 euros cada una.

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La principal acusada, dando explicaciones ante el tribunal / Elena Rosa

Quebraron: no pudieron pagar todos los gastos

Fracasaron, y aunque ingresaron dinero por la organización, lo utilizaron para pagar contratos de personal, etc, pero no pudieron hacer frente a todas las deudas –siempre según los acusados-. Una de ellas 91.507 euros correspondientes al montaje de los stands que, ocho años después, le sigue reclamando la sociedad valenciana Montoro, que se siente víctima de una estafa.

A día de hoy la sociedad que puso la denuncia en el otoño de 2011, cuando supuestamente los acusados se habían esfumado, solo ha cobrado los 10.000 euros en concepto de señal que les pagaron antes de empezar a montar.

Se fió del supuesto apoyo político de la acusada

El gerente de Montoro, una empresa con cuarenta años de experiencia en el sector que hace montajes en las principales ferias del país, entre ellas Fitur, ha explicado que accedió a hacer este trabajo no por la solvencia económica de los acusados, sino por la apariencia de que tenía respaldo institucional y político.

Según el responsable de Montoro la acusada le enseñó una documentación en la que supuestamente le habían concedido una subvención de cuatro millones de euros, lo que unido a que salía en la prensa local –la investigada recibió un premio empresarial- les hizo fiarse.

No engañaron con la subvención

Los acusados sin embargo dicen que eso no es cierto, que hablaron de la posible subvención después, cuando les exigían que pagaran. “Le ofrecí contratar con ellos y que cobrarán a cuenta de la subvención que me podían conceder, pero nunca les dije que ya la tenía”, ha explicado la acusada. De hecho la ayuda le fue denegada en noviembre de 2011, en parte según la acusada porque esta empresa de montajes la desprestigió en el ámbito empresarial, “no conseguí financiación”.

Por su parte el gerente de Montoro insiste en que no es cierto que la feria fuera un fracaso. Por lo que vieron sus trabajadores hubo mucho público y estiman que los acusados hicieron un importante negocio que ocultaron para estafarles.

Fiscalía y acusación particular consideran que hay pruebas como para condenarles a 3 años de prisión por estafa. La defensa por su parte entiende que en esta caso no cabe más que la libre absolución, puesto que no hay ningún ilícito penal.

 

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