José Martínez Jiménez, el fiscal superior de Castilla-La Mancha, ha abogado hoy en Ciudad Real por una sistema informático de gestión procesal “único y común en todas las comunidades autónomas”, para garantizar mayor coordinación contra la delincuencia.
También ha pedido la activación de un plan de justicia digital integral para las fiscalías (se están incorporando más tarde que los juzgados al ‘papel cero’), que implante el expediente electrónico; y más plantilla tanto de fiscales como de abogados fiscales para la región.
La fiscalía, con Martínez Jiménez como representante, ha tenido un papel protagonista en la apertura del año judicial 2016-2017, una figura que en estos más de treinta años de autonomía se ha feminizado como el resto de la carrera judicial.
La mujeres, mayoría en la carrera fiscal
El fiscal tipo en Castilla-La Mancha en estos momentos es mayoritariamente mujer, en la plenitud de su vida profesional (43 años), con ocho de media en la carrera fiscal, y delegada o especializada en alguna sección de la fiscalía.
La actividad del colectivo, formado por 59 fiscales y 26 abogados fiscales en la región, generó en 2016 una media de 786 diligencias por fiscal, 116 escritos de acusación por delitos penales y 73 dictámenes en asuntos civiles. Además cada fiscal de Castilla-La Mancha asistió a un promedio de 170 juicios penales y 48 civiles.
En los órganos directivos de la fiscalías los cargos están repartidos al 50% entre hombres y mujeres; así, de los doce fiscales jefes y tenientes fiscales que conforman las cinco fiscalías provinciales, más la fiscalía superior regional, seis son mujeres y los otros seis hombres.
Avance de la memoria de la fiscalía
En 2016 el número de diligencias previas que abrieron las fiscalías en la región cayeron a la mitad, motivado por los cambios de la LeCrim (las fuerzas de seguridad no envían atestados sin autor conocido). El resultado han sido 75.000 diligencias en 2016, frente a las 150.000 de 2015.
La criminalidad ha descendido en líneas generales, con la excepción de los delitos contra la vida (homicidios y asesinatos) y los abusos sexuales a menores, “un aumento preocupante” para el fiscal superior.
Más dureza por rebelión pacífica
El fiscal superior también se ha solidarizado con la situación de los profesionales de la justicia en Cataluña, “el enorme coste personal y familiar que están soportando nos sobrecoge”, ha dicho, y ha reivindicado una figura jurídica que persiga con más dureza los delitos de sedición y rebelión, aunque sea de forma pacífica.
