Así se desprende del escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press y en el que se recoge que los nueve hombres y mujeres –cuyas edades oscilan entre los 26 y los 48 años, teniendo la mayoría de ellos antecedentes penales por hechos similares– comenzaron a ser investigados cuando la Unidad de Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil tuvo conocimiento de que un grupo de personas vendía drogas, especialmente cocaína, en Alcázar de San Juan.
Tras comenzar las investigaciones detectaron que algunos de los investigados recibían paquetes de cocaína procedentes del aeropuerto internacional de Matecaña (Colombia) y que los receptores de la misma acudían habitualmente a locales y eventos musicales de distintas zonas de Castilla-La Mancha “a los efectos de suministrar drogas a los allí asistentes”, además de que a uno de ellos ya lo había identificado la Guardia Civil con bolsas de cocaína.
Intervenciones de llamadas y registros
Por todos estos motivos, se solicitó autorización judicial para intervenir los teléfonos de los acusados a partir de noviembre de 2014 y de esas conversaciones se tuvo constancia que uno de los acusados recibía la droga desde Colombia por paquetería internacional que luego distribuía, a través de los otros acusados, en diversas localidades como Alcázar de San Juan, Herencia o Campo de Criptana, entre otras.
Asimismo, en esas conversaciones, los acusados acordaban los intercambios de drogas para su posterior venta, además de que también hablaban con los compradores utilizando un lenguaje cifrado para tratar de evitar que los descubrieran.
Tras obtener estas pruebas, el juez autorizó los registros de viviendas en Alcázar de San Juan, Sevilla o Campo de Criptana, donde encontraron numerosos objetos relacionados con el tráfico de drogas como balanzas electrónicas, dinero, teléfonos móviles, cajas de látex para hacer cápsulas de las que se introducen en el cuerpo, anfetamina, sustancias de corte, cannavis sativa, cocaína y MDMA.
Por todos estos hechos la Fiscalía considera culpables de un delito de contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud por lo que, además de las penas de prisión solicitadas para cada uno de ellos, se solicitan multas para nueve de ellos que suman casi 180.000 euros, ya que van desde los 84.686,15 euros de los acusados para los que se pide 5 años de prisión a los 1.837,25 para los que se piden 4 años.
