D.V.G., un hombre de 34 años de origen colombiano se enfrenta a siete años y once meses de prisión por haber abusado sexualmente de una menor de once años, la hija de la que era su pareja, hace tres años en Tomelloso.
El presunto agresor está acusado de tres delitos, el de abuso sexual a una menor de 16 años de manera continuada, el delito de child grooming o ciberacoso sexual (legislado en España desde hace doce años) y el de exhibición de material pornográfico a menor por unos hechos que ocurrieron entre octubre 2019 hasta enero 2020.
El acusado será juzgado por la Sección Segunda de la Audiencia provincial de Ciudad Real el próximo 20 de septiembre y según el escrito de acusación de la Fiscalía, cometió los tres delitos durante tres meses, en momentos en los que la madre de la menor se ausentaba del domicilio que compartían.
Al parecer, D.V.G. inició un acercamiento con la niña y “le hizo creer que estaba enamorado de ella y que eran pareja”. Con esta manipulación consiguió realizarle diversos tocamientos a la chica, y además le compró una nueva tarjeta de móvil para mantener conversaciones por whatsapp, en las que le mandaba fotos y vídeos pornográficos grabados por él mismo. Incluso llevó a la menor a que se grabara ella misma en situaciones íntimas y le mandara las imágenes por esta vía.
Consciente del proceder inmoral e ilegal, el imputado también le pidió que borrase las conversaciones , vídeos y fotografías, para evitar ser descubiertos por la madre de la joven, que fue la que interpuso la denuncia cuando se enteró a principios de 2020. El material fue recuperado por las fuerzas de seguridad en el transcurso de la investigación.
Como consecuencia de estos hechos, según la Fiscalía, la menor ha sufrido tristeza, nerviosismo, abatimiento, ansiedad y desapego emocional.
D.V.G. se enfrenta a cinco años y siete meses de prisión por el delito de abuso sexual a una menor de 16 años de manera continuada, además de las prohibiciones de comunicarse por cualquier medio con la niña, de aproximarse a distancia inferior a 200 metros de su persona, domicilio, centro de estudios o cualquier otro lugar en que se encuentre por 7 años.
También piden la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante cinco años.
Por el delito de child grooming, las fiscalía solicita un año y seis meses de cárcel, además de las prohibiciones de comunicarse por cualquier medio con la menor por cuatro años, la pena de libertad vigilada de 7 años, así como la obligación de participar en programas formativos de educación sexual e igualdad.
Por el delito de exhibición de material pornográfico a menor, el Minnisterio Público solicita 10 meses de prisión, las prohibiciones de comunicarse por cualquier medio con ella así como la obligación de participar en programas formativos de educación sexual e igualdad.
También pide para el acusado la pena de libertad vigilada de siete años por cada uno de los delitos, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. Igualmente, solicita la sustitución de los años de prisión al acusado por su expulsión del territorio nacional, una vez cumplida cincos años de cárcel, y la prohibición de entrada en España en el plazo de 6 años a contar desde la fecha de su expulsión.
