Este martes se ha suspendido el juicio por los supuestos abusos sobre dos menores de siete y once años en Ciudad Real, al pedir la acusación que se incluya a la Junta de Comunidades como responsable civil de los hechos denunciados sobre las menores de edad, que consideran «estaban desamparadas».
Las acusaciones han pedido que el órgano público también figure en la causa porque entienden comparte una responsabilidad solidaria. «Entendemos que ha habido una negligencia en la revisión, y el análisis de la situación de las menores» y por tanto, concluye Gabriel Pineño, abogado de una de las menores, «vamos a pedir la responsabilidad civil de la Junta».
Pineño ha señalado antes de la vista que se enjuicia «un supuesto delito continuado durante varios años, en este caso de agresión sexual», para el que solicitan la pena más alta posible, fijada en 15 años de prisión. La Ley Penal, ha subrayado, «ha cambiado desde los hechos hasta la actualidad» y en este contexto se ha producido la petición de cárcel para el acusado.
Sobre las dos menores, ha dicho el abogado, «se encontraban sin un referente, sin una persona a la que contarle lo que estaban viviendo», así ha afirmado, «no es hasta la adolescencia prácticamente, cuando hablan con las amigas y dan el paso de contarlo y denunciarlo, para salir de ese domicilio y de esa familia».
Por su parte, Francisco José Víctor Sánchez, letrado del Colegio Abogado de Ciudad Real, abogado del acusado, ha catalogado el proceso como «un juicio complicado por la dinámica de la denuncia y por la edad de las supuestas víctimas».
Su planteamiento ha adelantado, «será muy claro y muy rotundo», planteando la absolución sobre su defendido. «Vamos a defender la falta de verosimilitud total en las declaraciones y en la denuncia que prestaron las menores en su momento, los motivos, los móviles, incluso las circunstancias previas que anidaron en el previo acogimiento de las mismas».
En esa tesitura, ha adelantado, «vamos a hacer valer cómo durante la instrucción de la causa el asunto fue objeto de dos momentos de sobreseimiento dada plenitud de informes de carácter psicológico, en concreto de los peritos de la clínica forense, donde advirtieron efectivamente esa falta de verosimilitud, incoherencias, en los términos en los que se ha planteado la denuncia».
No obstante, ha reconocido, «es acusación grave, pero las pruebas van a conducir perfectamente a la inocencia de mi representado».
Sobre el acusado, Sánchez ha recalcado que se trata de «alguien sin antecedentes penales, al que no se le ha practicado ninguna medida de ningún orden, que no sea la del alejamiento propio de cuando se puso de manifiesto la denuncia del 8 de abril». Hasta el momento, no se ha aplicado «ninguna otra medida privativa de libertad».
El acusado, según el fiscal, abusó sexualmente de sus sobrinas, a las que tutelaba junto a su esposa, entre los años 2010 y 2019
Petición de 24 años de prisión
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real estaba previsto que juzgase este martes a un varón de 57 años de edad, acusado de agredir sexualmente de sus sobrinas políticas cuando tenían siete y once años de edad, respectivamente, enfrentándose a la petición de 24 años de prisión por parte de la Fiscalía, tal como se desprende del escrito de acusación del Ministerio Fiscal.
Según el escrito del fiscal, las jóvenes “provienen de una familia de origen totalmente desestructurada, multiproblemática y en situación de exclusión social, viviendo desde corta edad múltiples cambios de entorno, con una atención y supervisión materna deficientes, existiendo múltiples factores de riesgo, que derivaron en que tuvieran que ser tuteladas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha” para, posteriormente, ser acogidas por sus tíos.
Durante los años de tutela de las menores, el acusado, “aprovechando la relación de convivencia y asumiendo un papel similar al de la figura paterna”, habría perpetrado numerosos tocamientos y penetraciones, además de obligarlas a realizarle masturbaciones y felaciones, “obteniendo la colaboración de las jóvenes mediante engaños”.
El acusado, según el escrito de la Fiscalía, decía a las menores que “les estaba dando comida, cama, las tenía acogidas y ellas tenían que cumplir”.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal pide para el acusado una pena de prisión de 24 años por dos delitos de agresión sexual a menores de 16 años, así como una orden de alejamiento a menos de 500 metros durante 20 años. Además, pide indemnizar a cada una de las víctimas con 30.000 a euros por el daño moral causado.
