El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Miguel Ángel Rodríguez, mediante un comunicado remitido a los medios de comunicación, ha acusado al PSOE de ser el responsable del pago de casi un millón de euros, en concepto de indemnización, a la empresa concesionaria de las obras del párking del Torreón, Prodepark, por no llevarse a cabo.
En el comunicado, Rodríguez considera que “estamos asistiendo al resultado del sectarismo que aplicó la Junta de Comunidades, presidida por el PSOE, a su relación con el Ayuntamiento de Ciudad Real, presidido por el Partido Popular, siendo los vecinos los principales perjudicados”. Ya que, a juicio de Rodríguez, la Delegación Provincial de Cultura paralizó unas obras en enero del 2006 “al aparecerse unos restos (arqueológicos) de escaso valor”.
Restos arqueológicos de “escaso valor”, entre los que se encuentran unas galerías subterráneas del siglo XVII o un muro defensivo del siglo XIII y que podría ser parte del antiguo Alcázar Real que el Rey Alfonso X mandó construir en ‘Villa-Real’.
Por otro lado, el concejal ‘popular’ ha asegurado que desde la fecha de la paralización de la obra, en enero de 2006, hasta el último día de legislatura de Rosa Romero, el Ayuntamiento “siempre ofreció una solución que, una y otra vez, chocaba con la actitud negativa y obstruccionista del PSOE. Solución que de haberse podido llevar a cabo habría implicado que el consistorio no tuviera que asumir el coste que ahora fija la sentencia”, cree Rodríguez.
A pesar de las palabras de Rodríguez, lo cierto es que la Delegación Provincial de Patrimonio obligó a conservar e integrar en el proyecto de aparcamiento los restos arqueológicos hallados mediante su musealización. Esto implicó una modificación en el proyecto, con su consecuente cambio en los costes de ejecución.
Por ello, el consistorio de aquel entonces, dirigido por Rosa Romero, acordó la rescisión del contrato a la empresa concesionaria de las obras con una indemnización de 760.977 euros, que se pagarían en el momento que hubiese un nuevo licitador adjudicatario. Nunca hubo nuevo adjudicatario y nunca se abonó la cantidad a la empresa concesionaria, por lo que la cuestión se judicializó y el Ayuntamiento, ahora, tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, tendrá que pagar los 760.977 euros de indemnización y a los que hay que sumarle 163.338 euros, en concepto de indemnización por los intereses devengados desde enero de 2010. Lo que hace un total de 924.315 euros.
