La responsable de Política Municipal de la Ejecutiva provincial del PSOE, Jacinta Monroy, ha pedido este jueves al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que cambie los criterios de la regla de techo de gasto y de reposición de plazas en la función pública que, en su opinión, está perjudicando a los ayuntamientos.
Monroy, en rueda de prensa, hacía esta consideración al mismo tiempo que, en el Congreso de los Diputados, se aprobaba una moción de los socialistas para que el Gobierno explique cuáles son sus intenciones de futuro sobre estos temas.
La responsable socialista, también alcaldesa de Arga masilla de Calatrava y portavoz del PSOE en la Diputación, ha indicado que los ayuntamientos son los grandes perjudicados de la aplicación de la Ley de Sostenibilidad y Financiación de las Administraciones Públicas de las administraciones, aprobada por el Gobierno del PP en 2012.
Monroy ha recordado que las entidades locales son las más saneadas de las administraciones españolas y que la citada norma les impide invertir el dinero de sus superávits que debe ir o para pagar deuda o parar dejarlos en los bancos, sin poder darle una utilidad en beneficio de los ciudadanos.
El que el Gobierno decida a qué inversiones puede ir el dinero de los ayuntamientos o a cuales no, a su juicio, también coarta de la autonomía municipal, recogida en la legislación española, ha señalado la dirigente socialista.
Monroy ha puesto el ejemplo del Ayuntamiento de Hinojosas de Calatrava, con un millón de euros en el banco, que no puede hacer frente a un necesario arreglo de caminos en la zona porque no tiene el correspondiente permiso del ministerio.
También se ha referido al caso de la Diputación, con 70 millones de euros en los bancos, que también tiene constrenida su capacidad de inversión y su capacidad de gasto en los Presupuestos de cada año.
La imposibilidad de hacer una reposición de plazas de personal del cien por cien por cien de las bajas, por otro lado, ha indicado, afecta al desarrollo de los servicios, muchos de los cuales tienen que ser reducidos ante la falta de personal por la imposición de la Ley de Sostenibilidad.
A su juicio, a esto que se está obligando a los ayuntamientos se está haciendo para compensar los déficits que están teniendo las comunidades autónomas y el propio Estado, con el objetivo de cuadrar las cuentas del déficit general.
