¿Qué pasa con la luz?

La “amenaza” de una posible subida en el recibo de la luz cercana al 11%, según resultas de la última subasta eléctrica, ha hecho saltar las alarmas de la población en general y del gobierno en particular. Tanto es así, que por primera vez desde la liberalización del sector eléctrico en 1997 por el gobierno de Aznar, un gobierno se atreve a dejar sin efecto una puja eléctrica.
En el año 2002, el entonces vicepresidente económico, Rodrigo Rato, dio luz verde a un decreto (RD 1432/2002), según el cual la tarifa eléctrica no podía subir más que el IPC, con independencia de los costes de producción. Ese fue el origen del déficit de tarifa eléctrica, es decir, la diferencia entre los derechos de cobro reconocidos a las compañías de electricidad y lo ingresado a través de las tarifas eléctricas. El problema se agravó a partir de 2005, cuando el barril de petróleo pasó de valer 30 dólares a 90. La luz seguía subiendo al ritmo del IPC, al 2%, pero los costes de producción, de las centrales que funcionan con derivados del petróleo, se habían disparado.
Por otra parte el gobierno de Zapatero, en la Moncloa desde 2004, apostó por las energías renovables, asumiendo unas condiciones económicas que favorecieran su implantación, pero que dispararon el déficit de tarifa y superaron las necesidades previstas. Cosa que se hubiera evitado con un mayor control de implantación en el tiempo y una mejor adecuación de la producción a la demanda real. La llegada de Rajoy al poder, a finales de 2011, cortó de raíz esas subvenciones, pero provocó otros problemas: se cargó las amortizaciones de las empresas que invirtieron en renovables y gravó con un impuesto de 7 céntimos por kilowatio hora producido por ese medio. Si el precio que pagamos a las eléctricas está en torno a los 12,5 céntimos, desincentiva por completo el uso de renovables. Y la preocupación por el medioambiente, en un cajón.
El actual ministro de industria, señor Soria, ha impulsado una reforma del sector eléctrico, que no se había tocado desde 2002, con la idea principal de dar un cauce a la regularización del déficit de tarifa. Es decir, una parte de los 26.000 millones sería asumida por los consumidores vía recibo de la luz, otra parte la pagarían las compañías del sector mediante más impuestos y menos subvenciones y otra el Estado, con cargo a los PGE. La parte que este año tenía reconocido pagar el Estado era de 3.600 millones, pero el ministro de Hacienda, señor Montoro, a última hora ha decidido no asumir ese coste para cuadrar el déficit del Estado con las exigencias de Bruselas. Y ese ha sido el detonante del lío que se ha montado con la subida que, de momento, ha frenado el gobierno, pero que nos la irán colocando paulatinamente, porque ese dinero que asumía el Estado, ahora pasará directamente al recibo de la luz.
Una vez explicado el tema, me hago algunas preguntas que nadie ha aclarado todavía:
¿Quién controla que el montante del déficit de tarifa sea realmente el que las compañías eléctricas dicen que es? ¿La separación entre empresas distribuidoras y empresas comercializadoras es real y efectiva? ¿Cómo se controla que haya una competencia real y quién lo hace? ¿Por qué en las subastas se fija siempre el precio de producción más caro? Es sabido que no cuesta igual producir un kilowatio procedente de energías renovables, que si la fuente es de energías fósiles, nuclear o hidráulica. ¿Cómo sabe el consumidor final qué parte del kilowatio que consume procede de una u otra fuente generadora de energía? Porque de eso depende el precio que le pasan, ¿o no? ¿Por qué tenemos en este momento una capacidad de producción que excede en más del 23% a la demanda real?
Finalmente, me gustaría hacer una reflexión sobre la función social de la energía. La energía es un valor estratégico y, como tal, debería ser tratado desde cualquier gobierno. Debería de hacerse un gran pacto de Estado para que las fuentes: agua, gas y electricidad, tuvieran un suelo en los hogares, es decir, nunca falten a nivel básico en ningún hogar. No puede ser, y pongo un caso real, que un anciano sea tratado de una neumonía en el hospital durante varios días, y al darle el alta y llegar a su casa, en invierno, se encuentre con la luz cortada por falta de pago. Y como éste, infinidad de casos que el lector conoce y que son verdaderamente lacerantes, en una sociedad que todavía pretendemos seguir llamando “del bienestar”.