No hubo delito en Alquimia Soluciones Ambientales, aunque sí un mecanismo de “confusión de caja” (se hicieron facturas con dos sociedades) que dio pie a unas pautas de actuación poco transparentes. Con este argumento final la fiscalía provincial ha retirado este miércoles la acusación por presunta insolvencia punible que pesaba contra José Francisco Núñez, Lourdes Rodríguez y Samuel Sanz, administrador, gerente y contable respectivamente de la primera empresa I+D+I que creó la Universidad de Castilla-La Mancha en 2005 en Daimiel, que se hundió ocho años después.
La fiscalía, que pedía 4 años de cárcel para los acusados además de 300.000 euros, ha decidido desistir en la segunda sesión del juicio que ha sentado a los responsables ante la Audiencia Provincial, y lo mismo ha hecho la acusación particular, en representación de tres de los trabajadores que dieron pie a este pleito en 2012, cuando Alquimia presentó el preconcurso de acreedores (reclamaban 6 años de cárcel).
Concurso de acreedores fortuito
Que el mes pasado el juzgado de instrucción número 4, con competencias en lo Mercantil, declarase fortuito el concurso de acreedores de Alquimia y no se encontrase culpabilidad civil en la quiebra de la empresa, ha pesado en la decisión de las acusaciones.
La administradora concursal ha explicado que considera “correcta” que la primera sociedad Alquimia Soluciones Ambientales facturase gastos propios de gestión a través de Quidam 21, donde en principio se creyó que existía un afán defraudadorio, “¿si tú tienes una empresa que funciona como un sociedad para que creas otra?”, ha explicado el abogado de los trabajadores Francisco González de la Aleja.
El calvario personal de los acusados
Las defensas por su parte han agradecido que las acusaciones hayan decidido retirar los cargos, pero les han reprochado que haber tenido que llegar hasta el juicio en la Audiencia. “Hay que tener en cuenta el calvario que desde diciembre de 2012 que han tenido que pasar estas personas, cuando los hechos son los mismos que han llegado a juicio”.
Alquimia llegó a ser Placa al Mérito Regional por su labor medioambiental como primera ‘spin off’ nacida en la Universidad de Castilla-La Mancha. En los primeros años de andadura, los de la bonanza económica, a su consejo de administración pertenecieron Caja Rural y la Agencia para la Gestión de Energía de Castilla-La Mancha.
Crisis y quiebra
Los problemas empezaron cuando se agudizó la crisis económica a partir de 2010 y se agravaron un año después con un incendio de la planta, en Daimiel. Ante ese panorama y los impagos en enero de 2012 la empresa solicita preconcurso de acreedores y los trabajadores, que no cobran, presentan en marzo una solicitud de adopción de medidas cautelares en los juzgados de lo Social.
Entre mayo y junio se produce el concurso de acreedores y en esas fechas José Francisco Núñez, el administrador, ordena a todos los clientes de Alquimia que abonen las facturas en los sucesivo a Quidam SL, sociedad de la que era el único administrador.
Tras la resolución del pleito laboral –a los trabajadores se les paga con dinero público del Fogasa- los empleados creen que se está desviando capital de una sociedad a otra, cuando eran la misma empresa, y ponen el pleito por insolvencia punible al que se adhiere la fiscalía. En paralelo se mantiene el concurso de acreedores que se resolvió como no culpable el mes pasado (los fondos pasaron de una sociedad a otra y se reintegraron en el concurso).
