Unos 19.000 beneficiarios y titulares en la provincia “estamos en una situación de mucho nerviosismo” al no presentarse ninguna aseguradora a la primera licitación sacada por el Gobierno de renovación del convenio, que incluía un incremento del 17 por ciento, siendo el 40 por ciento el reclamado por las aseguradoras, expuso Mónica Sánchez de la Nieta, de Anpe, sindicato convocante de la concentración junto a CCOO, UGT, USO, SUP y Adide.
Esta mañana el Gobierno ha aseverado que “antes de que termine el año realizará una segunda licitación”, buscando resolver la situación, agregó Sánchez de la Nieta, que indicó que, mientras tanto, la incertidumbre sigue latente entre los mutualistas ya que “aún no sabemos qué va a pasar a partir del 31 de enero, que se supone que terminaría la asistencia sanitaria privada”, y “si todos nos vemos obligados a irnos al sistema público de Seguridad Social puede ser un caos porque creemos que no va a tener capacidad para atender a tantísimas personas”.
Por eso, “pedimos una solución ya”, al tiempo que reclamamos que “con la sanidad no se juegue” y “exponemos que los empleados públicos no nos merecemos esta situación”.
Para SUP, “ya nos tienen toreados” con otras cuestiones como la relacionada con la jubilación anticipada, además de que “no están cumpliendo el acuerdo de igualdad salarial con otros cuerpos, y ya, para remate, nos quieren estafar con el tema de la sanidad. Y con esto ya sí que hay que plantarse y decir que con esto no se juega”, apuntó Felipe Jérez, secretario de SUP.
“Es muy importante que siga Muface no sólo para los que estamos en activo sino, sobre todo, para compañeros jubilados que han venido a apoyar a la concentración, ya que para personas con tratamientos sería un desacarreo. Sobre todo en relación con las listas de espera, Adeslas, Asisa y DKV tienen más celeridad para las citas médicas, y si la Seguridad Social absorbiese el millón y medio que somos en el país creo que llegaría un colapso sobre todo en territorios como Castilla-La Mancha con una población tan envejecida”.
“Buscamos que haya una solución ya, que lleguen a un acuerdo Gobierno y aseguradoras y que no jueguen con la salud de los mutualistas”, señaló David Morales Moreno, de CCOO Enseñanza, que estima que “sería muy complicado llevar a todas las personas que están en las aseguradoras a la Seguridad Social que en la región son alrededor de 49.000. Tanto a nivel material como humano, sería muy difícil soportar tanta cantidad de gente”.
Pese a que la solución “no es sencilla”, se debe llegar a un acuerdo, a juicio del responsable de CCOO, que también resaltó que, aunque ha habido aseguradoras que “han enviado un correo a los usuarios diciendo que el 31 de enero terminaba su cobertura”, si finalmente “se echaran para atrás, según la ley vigente, tendrían que seguir con esa licitación durante nueve meses”.
“Reclamamos a las aseguradoras la necesidad de alcanzar un acuerdo, priorizando la debida atención sanitaria de las personas mutualistas frente a réditos económicos que pusieran en peligro la nueva licitación”, expusieron los sindicatos convocantes en el manifiesto leído en la concentración de protesta, en el que también exigieron buscar un acuerdo estable, razonable y satisfactorio lo antes posible que garantice la calidad sanitaria de los empleados públicos en la que “los servicios médicos ofertados no se vean mermados sino que, por el contrario, mejoren sus prestaciones”.
“El Gobierno y las compañías aseguradoras están condenadas a entenderse”, resaltó Susana del Rey, de la Federación de Servicios Públicos de UGT, que indicó que “hace falta un esfuerzo por parte del Gobierno, que lo está haciendo, y también un compromiso y responsabilidad con la sociedad por parte de las aseguradoras porque llevan tiempo lucrándose con esto y ahora la salud no puede estar supeditada a los beneficios de las compañías”.
“Pedimos una solución rápida para acabar con la incertidumbre de los funcionarios de Muface, que no se prolongue esta situación y cuanto antes lo solucionen”, señaló en una concentración en la que los presentes exclamaron: ‘Somos personas, no mercancía’, ‘La salud no es un privilegio’ y ‘Con la salud no se juega’.