El juicio contra James C. V. y Sara Marcela L.O., de 35 y 33 años, respectivamente, y de origen colombiano, ha quedado visto para sentencia este martes en la Sección Primera de la Audiencia provincial de Ciudad Real con dos versiones contradictorias sobre su culpabilidad.
Ambos procesados se enfrentan a siete años de prisión cada uno por sendos delitos contra la salud pública -están encarcelados preventivamente- y han mostrado manifestaciones tan enfrentadas, que la mujer ha explotado contra él en el turno de última palabra entre lamentaciones y lloros. La procesada ha acusado de «cobarde» a su compañero de banquillo y ex amigo por haber faltado a la verdad en su declaración, dado que es, según la mujer, el único culpable de los hechos, consistentes en el traslado hace 14 meses (15 de abril de 2021) de casi un kilo de droga (en dos bolsas) que iba escondido en un coche donde ambos viajaban camino de Marbella (Málaga) y que fue aprehendido por la Guardia Civil en Manzanares.
Visiblemente tensa y afectada, Sara Marcela ha empleado varios minutos para describir a James C. como un joven sin “ética” con un largo historial de actos delictivos relacionados con la droga, incluso lo ha acusado de “camello” y de ser un cabecilla “buscado por la policía”. “No es una persona limpia”, ha sentenciado, antes de lamentar que en el último año él no haya recapacitado para exculparla porque “esa droga no era mía”.
La acusada, con un hijo de 13 años y otro en gestación, se ha descrito como una persona trabajadora -ha tenido diversos empleos- y, aunque es consumidora de sustancias tóxicas, “he intentado enderezar mi vida”, frente a quien fuera su amigo, “que se mueve en un mundo oscuro».
Previamente, en su declaración ha dicho que fue su “amigo del alma” pero que la traicionó porque fue él quien llegó a su casa de Madrid con el Renault Megane, propiedad de D.F.B.A., y le propuso viajar a Marbella para, en teoría, arreglar unos papeles relaciones con el expediente de expulsión que tenía pendiente. Ella accedió a llevarlo porque James C. no tiene carnet de conducir, sin saber, supuestamente, que en el faro trasero izquierdo del coche iba metido un paquete de más de 800 gramos de MDMA y ketamina. En la parte delantera del vehículo, detrás del radiocasete, había otra bolsa con 5,4 gramos de estas sustancias, además de las pequeñas cantidades de tusi (coca rosa) que iban consumiendo tanto la conductora como su acompañante.
James C., que se encuentra inmerso en un plan de desintoxicación en la cárcel de Herrera de la Mancha, donde se encuentra ingresado desde su detención, ha narrado su versión en la que inculpa a la mujer y se considera cómplice, incluso, tras la declaración de D.F.B.A., dueño del coche, ha desmentido que fuera su amigo porque “apenas lo conocía”.
En el juicio han comparecido siete agentes de la Guardia Civil que participaron en el operativo de Protección de la Seguridad Ciudadana que desarrollaron la madrugada del 15 de abril del año pasado en la autovía A4, término de Manzanares, incluido el instructor, que han sido preguntados por los abogados de las defensas sobre la cadena de custodia de las sustancias aprehendidas.
Ha habido diferencias entre ellos sobre dónde se realizó el análisis de la droga y sobre la fecha en la que se trasladó al área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno.
También han testificado una perito que ha consignado la drogadicción del acusado y otra técnica de Sanidad, que analizó el material capturado.
Pruebas contrastadas
Respecto a las partes, el fiscal Carlos G. Santorum ha elevado a definitivas sus conclusiones, en las que pide 7 años de prisión para cada uno de los procesados. Ha deplorado que las dudas sobre la trazabilidad de la protección de la droga no le hubieran sido comunicadas con carácter previo por los letrados, para “poder rebatir en qué se basan”, y ha dicho que la entrega a los técnicos de sanidad se produjo en 24 horas, un tiempo prudencial.
Igualmente, ha dado validez a los hechos de aprehensión de la droga, en su opinión, “indudables e inopinables”, mientras que ha visto como “un acto de fe” las declaraciones de los acusados “trufadas de datos”. Lo que sí ha visto claro es que “iban a obtener pingües beneficios” con la venta de la droga, un valor calculado en más de 39.000 euros.
La prueba “es contundente”, ha indicado el fiscal, tras cuestionar la petición de atenuante de drogadicción para ambos encausados, por “cantidad de sustancias y actitud de los procesados” en su detención –ella se mostró más nerviosa, según los agentes-. Además, para el ministerio público ambos son culpables en grado “de coautoría” y no cómplices.
Dudas
Por su parte, José María Martín, abogado de la mujer, ha solicitado la absolución para su patrocinada, y ha hablado de las “dudas” en las diligencias porque “no coinciden las cantidades” y otros “saltos” en la cadena de custodia. “No se ha dado respuesta a quién entregó la droga en Sanidad”, ha dicho, “ni tampoco dónde se le aplicó el test”. “El instructor ha dicho que fue en el cuartel de Ciudad Real y otro agente que fue en el de Manzanares”. Así, se ha mostrado receloso “sobre si la cantidad de droga intervenida es la misma que la que se está enjuiciando”.
Ha pedido la absolución, aunque en base a su drogadicción -que no está acreditada porque nunca ha acudido a dispositivos de curación-, su familia estructurada y vida solvente fuera de España -al parecer vivía en Suiza y había venido a someterse a una operación- ha solicitado a la Sala que en el caso de que la considere culpable le imponga la pena mínima.
Nulidad de la cadena de custodia
Por su parte, el conocido abogado Javier Vasallo (defensor de Rocío Carrasco), ha ido más allá y ha pedido la nulidad de la cadena de custodia, que, a su juicio, “no se ha cumplido ni documental ni testificalmente” en los tramos de su transporte desde el luchar de los hechos a las dependencias policiales y sanitarias.
Ha pedido la absolución de James C. en base a esta cuestión, con la que “he dado la brasa” a los agentes durante el juicio. “Los errores” que ha visto sí son para él “un acto de fe”, dado que “no coincide el pesaje, el tipo de droga, y el lugar dónde se aplicó el test”. La certeza, en su caso, “es que no sabemos si los vestigios incautados son los mismos del acto plenario”.
“Hay muchas lagunas y dudas más que razonables” que, en su opinión, “el fiscal también conocía”, tal y como lo refleja la documentación.
Por ello, si se acepta la nulidad “tendrían que absolver” a su defendido “porque no se ha cumplido con las garantías” del procedimiento.
En su opinión, el encausado que patrocina no se ha contradicho, “sino que ha mantenido su versión “sin trasladar la culpabilidad a otro”, y por ello, quien le pidió el coche a su dueño fue la otra procesada, que era su amiga.
El letrado ha incidido además en la implicación como cómplice de su defendido, pero no como autor de los hechos.
Igualmente, también ha pedido a la sala que considere como atenuante la adicción de James C., como ha quedado acreditada por informes de la Cruz Roja, entre otros, y así la extensión de la pena pueda ir de 1 a 3 años de cárcel “y no a 7 años”.
