En el caso de las universidades -instituciones de larga tradición, y en buena medida garantes del desarrollo social y económico, en cuanto que crean y transmiten conocimiento al tiempo que forman profesionales y ciudadanos- el que mantengan un alto grado de valoración social es imprescindible.
Más reconocida y valorada
La nueva propuesta del gobierno de España en relación con el sistema universitario (LOSU) presenta algunas ideas novedosas, y recuerda algunas otras más clásicas que pueden permitir ese paso adelante que la institución universitaria necesita dar para ser más reconocida y valorada por la ciudadanía.
El propio hecho, que a veces pasa desapercibido, de que corresponde al parlamento español legislar sobre universidades, y que sean los parlamentos y gobiernos autonómicos donde reside la toma de algunas de las decisiones más determinantes para el desarrollo de las universidades de su territorio, el propio hecho de que estamos ante un nuevo anteproyecto de ley orgánica debería hacernos conscientes a quienes trabajamos en las universidades que no podremos alcanzar el prestigio de nuestra institución si practicamos la máxima, expresada a veces en pasillos, despachos, o en comportamientos, o a veces en tribunas, que supuestamente nos reivindica; esa que puede identificarse con la expresión: “quién es nadie para decirnos lo que tenemos que hacer”.
Docencia, investigación y estudio
El anteproyecto de ley recoge, como se indicaba, algunas ideas clásicas como la libertad de cátedra. El texto señala que la libertad de cátedra se ejerce sobre la docencia, la investigación y el estudio. Y no señala más ámbitos amparados por esa libertad, imprescindible para preservar la esencia universitaria, lo cual derrumba algunos argumentos, reivindicaciones y en ocasiones privilegios que cada lector podrá identificar fácilmente en su entorno; eso sí, en casos contados pero que afectan gravemente a una impecable actitud mayoritaria.
En otro momento, el texto propuesto recupera la idea de que las comisiones que actúan en los concursos de acceso a los cuerpos universitarios sean, en parte, elegidas por sorteo. Aunque el sistema actual, con el requisito de la acreditación nacional, ya escoge personas capaces para el desempeño de la docencia y la investigación, esta fórmula recuperada hace algo más transparente el sistema de acceso y promoción; lo hace más parecido a lo que la ciudadanía conoce de otros ámbitos de la administración. La transparencia siempre ayuda al reconocimiento de las instituciones.
También insiste el anteproyecto en la transparencia financiera y en el control público de las cuentas, reforzando el binomio transparencia/reconocimiento; bien es verdad que no he oído a nadie cuestionar el control, si acaso algún requerimiento administrativo que distrae de ocupaciones docentes o investigadoras.
Explicitar que el claustro universitario tiene la capacidad para promover mociones de confianza, y por tanto de censura si no se ratifica la confianza, también aproxima el gobierno de las universidades a lo que conocemos en todos los otros gobiernos que nos rigen.
Elección de rector o rectora
Pero donde encuentro la mejor oportunidad para hacer a las universidades más semejantes a lo que acontece en el conjunto de la sociedad, lo que les quitaría definitivamente ese sambenito de institución con prácticas medievales, es la oportunidad que abre, respetuosa con la autonomía universitaria, de modificar el procedimiento de elección de rector o rectora.
Es difícil entender que una institución que funciona casi exclusivamente con fondos públicos y cuando son privados, están constituidos casi en exclusiva por el aporte de las matrículas de los estudiantes, elija su máximo responsable mediante un procedimiento electivo absolutamente interno, donde los votantes son, exclusivamente, trabajadores o usuarios de la institución.
Si bien debo decir que el resultado de la actividad universitaria que conozco, en el territorio que la conozco, desde hace casi cuarenta años es fundamentalmente bueno, un modelo de elección participado por la sociedad, en el denominado “órgano específico”, en la que se inserta la propia universidad fácilmente mejorará la definición de aspectos estratégicos generales. Se facilitará la pérdida de algunos lastres, fruto de intereses personales o de grupos -siempre espurios-, que restan su credibilidad y valoración social y afectan al mejor servicio que las universidades proveen a las sociedades.
No se me escapan los posibles riesgos y desviaciones que pudieran producirse en la formación de ese órgano para la elección, pero pienso que no serán muy diferentes a los que ya existen en el modelo actual. Las universidades, esto es el conjunto de los universitarios a través de sus estatutos, tienen la responsabilidad -y más el profesorado, conocida la composición de los claustros- para elegir el modelo y para prever y atajar las derivas indeseables. El reto no es fácil, pero valentía e inteligencia es siempre buena combinación.
Se abre la oportunidad de hacer evidente que lo relevante es la institución. ¡Ánimo!
