Postales del universo - Ramon Sobrino y Juan A. González
El sindicato CNT ha difundido un comunicado en el que indica que el viernes 2 de marzo fue convocado, junto con CGT y CCOO, para negociar los servicios mínimos de la Administración General del Estado en la provincia de Ciudad Real. Según la Subdelegación de Gobierno, los servicios mínimos planteados ya eran menores que los de la anterior huelga general, pero aún así el sindicato los consideró excesivos.
El peso de las negociaciones recayó sobre CNT y CGT, convocantes de la huelga de 24 horas, frente a los convocantes de paros de 2 horas. Pese a que la última palabra la tiene la Administración, CNT -según indica el comunicado- procuró que primase la lógica a la hora de establecer unos servicios mínimos que garantizasen el derecho a huelga a la vez que la atención a la ciudadanía de servicios públicos esenciales.
De esta forma, se redujo el personal de registro únicamente a una persona en la Subdelegación de Gobierno, eliminando el registro de Oficina de Extranjería, Inspección de Trabajo, Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Jefatura Provincial de Tráfico, Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda, Instituto Nacional de Estadística, Muface, Comandancia de la Guardia Civil y Fogasa.
Se garantizó la presencia de un único efectivo en los centros de la Seguridad Social. En el SEPE se consiguió reducir de nueve personas a tres en Dirección Provincial y una en cada oficina de prestaciones, eliminando tres efectivos en Ciudad Real y Puertollano. En Jefatura Provincial de Tráfico no se llegó a un acuerdo total, puesto que, de los cuatro planteados por el Estado y dos por la parte social, la Subdelegación ha establecido tres efectivos. Respecto al personal administrativo de comisarías, se reduce a una persona por dependencia. Finalmente, se reduce a cero el personal tanto en el FOGASA como en servicios jurídicos del Estado.
En total, las negociaciones dieron como resultado una reducción de un 56 % con respecto a lo planteado a priori por la Administración, lo que el sindicato considera unos servicios mínimos relativamente razonables.
