El Colectivo Estudiantil de Ciudad Real denuncia, a tarvés de un comunicado, los problemas de financiación por los que la Universidad de Castilla-La Manhca (UCLM) atraviesa, pues, según asegura, “recientemente ha desviado más de 19,7 millones de euros destinados a la investigación para hacer frente al pago de salarios, poniendo en riesgo la financiación prevista para algunos grupos de investigación”.
En la nota, el colectivo se muestra dispuesto “a poner sobre la mesa medidas para solucionar esta difícil situación”.
Los estudiantes explican que la deuda contraída desde hace años por parte del Gobierno regional con la universidad afecta “negativamente al cumplimento del derecho a la educación y también a los derechos de los trabajadores”.
Por ejemplo, este curso 2016/2017 hemos visto cómo se cerraba el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio sin intentar reestructurarlo; otra de las visibles consecuencias es la oferta de 19 plazas menos que el presente curso para el próximo curso.Sabemos que tal situación, si no se soluciona, podría propiciar el cierre de más grados de baja matriculación en los próximos años.También hemos visto cómo en los presupuestos regionales no se contemplaba la contratación de profesores interinos durante los meses de verano.
Igualmente, muestran su preocupación porque “la escasa” financiación “afecte de manera cada vez más seria a profesores, investigadores y demás trabajadores, generando impagos y despidos, como al estudiantado”.
Recuerdan que en el pasado curso, el CECR defendió una financiación justa para la UCLM, reclamación que “aun esperamos que se lleve a cabo ydenunciaremos hasta que se cumpla”.
Para este colectivo “el derecho universal a la educación está en peligro” debido a que la situación es el “reflejo de unas políticas de recortes desarrolladas por el poder central que busca la privatización de la educación pública”, y que marginará a “los hijos de la clase obrera, que cada vez encuentran más trabas para acceder a una educación superior de calidad, viéndose obligados a abandonar los estudios por no poder pagarlos”.
Aseguran que “la estrategia es sencilla: degradar la educación pública con la excusa de que no es rentable (cosa que es falsa) hasta que ésta se encuentre en una situación tan deplorable que los ciudadanos renuncien a ella, allanándose así el camino al florecimiento de centros de educación privados cuyos precios estarán solo disponibles a los bolsillos de unas pocas familias”.
Con estas medidas, según el CECR, “el Estado español, títere de la oligarquía industrial-financiera, busca ofrecer una mano de obra menos formada o solamente capacitada en un campo ultra específico para que no sea consciente de la explotación que sufre”.
Por otro lado, la precarización del trabajo existente facilita la acumulación de capitales en las manos de los monopolistas españoles a costa del empobrecimiento de la clase trabajadora y de todo el pueblo.
Por eso, desde el CECR llaman a la unidad de estudiantes y trabajadores “ante los ataques de la oligarquía y reivindicamos una nueva educación científica, laica y democrática, gestionada por toda la comunidad educativa y no por los políticos de turno a sueldo del gran capital”.