Marta Romero/Alcázar de San Juan.- Amelia Herrero y Teresa Romero, las dos trabajadoras fijas despedidas de la extinta Fundación Municipal para la Promoción Económica y el Empleo y que recientemente fueron readmitidas después que el juez del Juzgado de lo social número 2 bis de Ciudad Real declarara “nulos” sus despidos; han trasladado a la prensa su opinión sobre lo sucedido y explicado todo el proceso. Ambas lamentan el “daño” que los actuales gobernantes “han ocasionado al pueblo” ya que aseguran que con las indemnizaciones “por daños morales” –que ascienden a un total de 12.502 euros- el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan “podría haber contratado a 62 desempleados durante tres meses”.
La sentencia del Tribunal de lo social número 2 bis de Ciudad Real, de fecha 4 de mayo, además de declarar “nulos” los despidos de estas dos trabajadoras, obligando al Ayuntamiento a readmitirlas en sus puestos de trabajo, “con la categoría, salario y condiciones” que tenían en su momento; condena además al Consistorio a “abonarles los salarios dejados de percibir” desde la fecha del despido (28 de febrero de 2014) más un abono a cada una de ellas de 6.251 euros “en concepto de indemnización por daño moral y vulneración de derechos fundamentales”, (libertad ideológica y derecho de opinión).
Ambas explicaron que su despido “no fue por causas objetivas” y que se produjo una “discriminación laboral” –expresada en su denuncia- por su “ideología política”, ya que Amelia Herrero es la mujer del ex alcalde socialista José Fernando Sánchez Bódalo y actual vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real y Teresa Romero es afín al PSOE. Las dos pasaron sus respectivos procesos selectivos antes de la contratación y venían trabajando para la Fundación Municipal desde el año 1996.
Cuando el actual equipo de Gobierno decidió extinguir la Fundación Municipal se comprometió a “subrogar” a los trabajadores como personal del Ayuntamiento, a excepción de estas dos trabajadora cuyo despido les fue comunicado el 27 de febrero de 2014. Los motivos a los que aludieron, según las trabajadoras, fueron que “se suprimía el servicio de formación” en el que trabajaban y que “existían problemas económicos”. Algo que aseguran “es incierto, porque al mismo tiempo que se producían nuestros despidos se creaba una plaza eventual de libre designación y cuatro plazas de técnicos del Grupo A, de nuestra misma categoría. Además la Fundación, a finales del año 2013, tenía un superávit de 2 millones de euros”.
Lo que dicen “lamentar más” Amelia y Teresa es que por “odio político” se haya “violado la Constitución” y “no se escatime en gastos de abogados, más los que ahora se originan con la sentencia; en lugar de utilizar ese dinero para crear empleo. Sólo con las indemnizaciones podrían haber contratado a 62 personas, durante tres meses, a través de un plan de empleo”.
El equipo de Gobierno ha anunciado que “recurrirá” la sentencia y, mientras se resuelve el recurso, la decisión que ha tomado, según expresaban las trabajadoras, es “abonarles el sueldo correspondiente sin incorporarlas a sus puestos de trabajo”. Amelia y Teresa aseguraron que “lo que nosotras queremos es trabajar”. Igualmente denunciaron que “no hemos sido las únicas profesionales del Ayuntamiento que hemos sufrido este tipo de persecuciones. Hay más compañeros y compañeras que han sido excluidos o apartados, cuestionándose su valía y despreciando su experiencia, sólo por sus afinidades políticas”.
