La sección segunda de la Audiencia de Ciudad Real condena a dos años de cárcel y cinco meses de multa (25 euros de cuota diaria), a los promotores urbanísticos del residencial Alarcón de Daimiel, los hermanos Ramón y Pedro M.R.M., por la apropiación indebida de unos 400.000 euros de clientes de los que recibieron dinero a cuenta por una vivienda, local o plaza de garaje que no entregaron entre los años 2006 y 2008.
El tribunal, que juzgó el caso hace unas semanas, considera probado que los hermanos, titulares de la sociedad Daigas y dos más fundadas en el año 2000 para emprender el mercado inmobiliario, “hicieron pagos a atenciones distintas de la promoción”, con el dinero de algunos de los compradores, a los que obliga a indemnizar con cantidades que suman unos 400.000 euros.
Dilaciones indebidas
La sala aplica la atenuante de dilaciones indebidas para rebajar la pena un grado más de lo que hizo el fiscal al final de juicio (la fiscalía rebajó de cuatro a tres años la petición de cárcel y el tribunal opta por los dos años), que se judicializó en 2009 y se ha juzgado casi doce años después.
No hubo estafa
La sentencia desestima el delito de estafa, como pidió la acusación particular que han ejercido en el proceso cuatro familias e impone las costas procesales “por mitades partes”, dice textualmente, a los acusados, que todavía tienen la opción de recurrir ante el Tribunal Supremo.
La Audiencia Provincial de Ciudad Real considera probado que el residencial se planteó entre los años 2005 y 2006. Los hermanos abordaron a través de la sociedad Daigas la promoción y construcción de una actuación urbanística, Alarcón, en tres fases. Los solares los consiguieron por permutas formalizadas el 29 de diciembre de 2005, a cambio de la entrega de siete inmuebles.
“Para obtener financiación, frustrada la inicial concertada entonces con Caja Madrid, la sociedad suscribió con la entidad la Caixa un préstamo con garantía hipotecaria ascendiendo el capital prestado a la suma de 1.030.350 euros, constituyéndose la garantía sobre los solares, los cuales fueron embargados por la Agencia Tributaria para garantizar el pago de una deuda contraída por Bimoral, S.L. sociedad de la que ambos hermanos eran administradores y que no llegaron a liquidar”.
Pidieron un créditos por valor de 4,7 millones
El 15 de mayo de 2007 se formalizaron escrituras de obra nueva, división horizontal y concesión de nuevos préstamos hipotecarios por importe de 1.597.730 euros para la primera fase, 1.915.411 para la segunda y 1.191.879 para la tres, figurando como fiador uno de los hermanos, Pedro. Todo el crédito concedido ascendió a la suma de 4.705.042 euros.
Además Daigas se nutrió del dinero a cuenta de muchos clientes por la reserva de inmueble, cantidades anticipadas percibidas a través de entidad de crédito no fueron depositadas en cuenta especial, con separación de otra clase de fondos del promotor. Tampoco se garantizó la devolución de dichas sumas mediante un contrato de seguro.
En mayo de 2008, construida la fase uno al 90,15%, la fase dos al 80,06% y la fase tres al 57,17%, Daigas paralizó las obras, cesó en su actividad y desapareció como empresa, pese a lo que los acusados continuaron recibiendo dinero hasta el 24 de junio de ese año.
Desviaron dinero a la construcción de un chalé
La sentencia considera probado que parte del dinero obtenido en la promoción Alarcón se destinado a finalidades distintas, entre ellas la construcción de un chalé privado de la esposa de uno de los hermanos en Ciudad Real. A esa obra se dirigían camiones cargados de material de la promoción Alarcón, además de trabajadores.
«Aquí nadie se ha quedado con nada»
Durante el juicio los acusados insistieron en que no se habían queddao con dinero. “Aquí nadie se ha quedado con dinero, la obra se paró por cuestiones burocráticas y años después, pese a sus intentos no se ha podido ni terminar ni entregar las viviendas, garajes y locales”, explicó a Lanza en la segunda sesión del juicio el abogado de Ramón M.R., Ángel Gómez-Cambronero.
“Era una financiación de más de cuatro millones de euros, La Caixa entró en pánico cuando la construcción estaba casi hecha, a falta de la tercera fase, aunque había dinero para terminar. Después de esto se mantuvieron un montón de reuniones, con el Ayuntamiento, la entidad financiera, los compradores, pero no se pudieron entregar las viviendas”, afirma.
Gómez-Cambronero asegura que los acusados intentaron hacer una entrega parcial de las viviendas que estaban terminadas del residencial, “pero ni el Ayuntamiento, que no dio la licencia de primera ocupación, ni la entidad financiera, lo consintieron. El resultado es que catorce años después la obra está terminada y hay una serie de afectados que no han recibido su inmueble”.
El abogado del principal acusado remarcó que «si el Ayuntamiento de Daimiel hubiera permitido la entrega de las dos primeras fases se habría escriturado y pagado lo que quedaba”.
“Se fueron a los Fiordos con nuestro dinero”
Durante el juicio muchos testigos insistieron en el alto tren de vida de los acusados, que no casaba con los supuestos problemas para financiar las viviendas, “se fueron a los Fiordos y de crucero con nuestro dinero”, declaró una mujer. La misma testigo contó al tribunal que sabe que poco antes de la quiebra un conocido que tiene un grupo flamenco en Daimiel actuó en la fiesta de inauguración del chalé de uno de los hermanos en Ciudad Real.
