La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la «preocupante situación» en la que se encuentran los Juzgados de Violencia de Género de la provincia de Ciudad Real tras la aprobación del RD 954/2022 de 15 de noviembre.
Una situación que, según señala en nota de prensa, se repite, prácticamente, en todas las cabeceras de partido como Puertollano, Tomelloso, Alcázar de San Juan y Valdepeñas, así como en localidades con Juzgado único, como es el caso de Almagro, en los que se compatibilizan las funciones propias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con los correspondientes como Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
«Colapsos, retrasos en la tramitación de diligencias, largas horas de espera y dificultades en la coordinación entre los cuerpos de seguridad, hospitales y juzgados con competencias en violencia sobre la mujer, son algunos de los problemas a los que a diario tienen que hacer frente los usuarios y trabajadores desde hace meses», indica el sindicato.
A ello ha unido los problemas estructurales ya existentes en los Juzgados de Violencia de Género, lo que afirma que hacen que la labor de los funcionarios en ellos destinados sea «insoportable, con maratonianas jornadas de trabajo, que no se ven en ningún caso retribuidas ni reconocidas», apunta el responsable provincial de CSIF en el sector de Justicia, Alfonso Sánchez Castellanos.
Asimismo, manifiesta que la carga de trabajo asumida en la provincia de Ciudad Real es tan grande que, en algunos casos, los Juzgados de Violencia de Género llegan a duplicar sus índices de entrada y registro de asuntos, establecidos por el propio CGPJ para una correcta administración de la Justicia.
Un claro ejemplo de ello, afirma, es Almagro que, pese a su condición de Juzgado único, ha registrado, según la Memoria Anual publicada en 2023 por el TSJ, 1.118 asuntos penales, los cuáles sobrepasan «con creces» las cifras máximas para este tipo de Juzgados.
Los casos de Puertollano y Tomelloso son también muy significativos, para CSIF, quien añade que en ambos juzgados se produjo ese año un nuevo incremento de la carga de trabajo con 2.814 y 2.027 asuntos penales y una media por juzgado de 938 y 679 asuntos al año, respectivamente, cifras éstas últimas muy cercanas a la máxima establecida de 1.000 asuntos por juzgado al año.
A todo ello, ha añadido que los casos de violencia sobre la mujer son, igualmente, muy elevados. En la actualidad, y según apunta el responsable provincial de CSIF, la media de asuntos penales por juzgado habría ascendido aún más y rondaría los mil casos, «lo que hace imposible que estos juzgados funcionen de forma correcta».
«Solo en 2023, en la provincia de Ciudad Real, se incoaron unas 1.200 diligencias urgentes, que sumadas a las miles de diligencias previas, por delitos leves y más de 500 órdenes de protección de naturaleza penal acordadas provocaron el agotamiento de las plantillas en estas oficinas, así como una merma en el servicio público recibido por la ciudadanía en general y por las víctimas en particular. Una situación que se repite a día de hoy y que lejos de subsanarse va en aumento», subraya Sánchez Castellanos.
Por todo ello, CSIF solicita la revisión del proyecto de «comarcalización» de los Juzgados de Violencia de Género en la atención a las mujeres víctimas de esta lacra, el aumento de las RPT en estos juzgados, la recuperación del complemento que se percibía en los mismos y la regulación del servicio de guardias que permita prestar eficazmente este servicio y evite jornadas maratonianas de hasta 14 horas ininterrumpidas, dotando de medios personales y materiales suficientes todos los Juzgados de Violencia de Género de la provincia de Ciudad Real.
