La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) tiene nulo interés en mejorar la salud de sus trabajadores. Le reclama una mayor implicación en mejorar la calidad de vida de sus trabajadores dentro del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Por ejemplo, Gerencias de Atención Integrada (GAI) tiene más implicación y recursos que otras en materia de prevención de riesgos laborales. En Albacete se evaluaron a 666 trabajadores en 2018, en Ciudad Real sólo 276, en Guadalajara se realizaron 202 reconocimientos médicos y en Talavera sólo a 44 trabajadores.
CSIF solicita mayores medidas de prevención
Desde el departamento de prevención de riesgos laborales de CSIF se solicitó al Director General de Recursos Humanos que se envíe una circular a las Gerencias. Estás deberían llevar a cabo una planificación de las medidas de prevención y se especifiquen en qué fechas se realizarían para reducir los accidentes y enfermedades laborales de los trabajadores del SESCAM.
A esta situación se suma que, según los datos aportados por el SESCAM, la violencia en el ámbito laboral creció un 12% el pasado año. En este sentido, CSIF ha pidió una vez más que se dote de la estructura de seguridad y los medios que se establece en el Plan de Seguridad del SESCAM para erradicar esta lacra, ya que hasta el momento ha habido buenas intenciones en esta línea, pero pocos hechos.
Mutuas de CSIF
Asimismo, CSIF, tras la reunión del Comité Regional de Prevención de Riesgos Laborales del SESCAM, considera que los datos aportados por Solimat, mutua de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, no se ajustan a la realidad por las pocas reclamaciones que recibe. CSIF expone la dificultad de presentar reclamaciones ante el coste económico que conlleva el proceso judicial en situaciones en las que el trabajador es dado de alta a pesar de no estar totalmente recuperado, o que se le rescinda el tratamiento, provocando que los afectados recurran al sistema público de salud.
Por último, CSIF informó al Coordinador Regional de Prevención de Riesgos Laborales y al Director General de Función Pública, de los dos problemas que están surgiendo en el Sescam: el cambio de criterio que han adoptado las mutuas sobre retrasar las bajas por embarazo de la semana 24 a la semana 30 y el largo periodo de tiempo que se tarda en dar la baja a una embarazada.