La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha marcado una hoja de ruta con el nuevo equipo del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para aplicar sin demora mejoras en las condiciones laborales de los empleados públicos en la Administración General del Estado (AGE), ámbito que depende directamente del Gobierno y que en la provincia de Ciudad Real afecta a unos 1.600 trabajadores.
El vicepresidente del sindicato, Francisco Iglesias, mantuvo una reunión con el nuevo director general de Función Pública, Javier Rueda, para marcar los temas que se abordarán con la ministra Meritxell Batet el próximo 16 de julio. El director general explicó que la ministra ofrecerá una propuesta de acuerdo a los sindicatos para eliminar los descuentos en la nómina de los empleados públicos por incapacidad temporal.
Voluntad de diálogo para superar los recortes
Csif valora de manera positiva este primer encuentro y ofrece su voluntad de diálogo para alcanzar los mejores acuerdos que permitan pasar página definitiva a los recortes de la crisis, avanzar hacia la recuperación y trasladar las reformas que necesita nuestras administraciones públicas.
El sindicato también trasladó la necesidad de derogar la instrucción de jornada y horarios que estableció durante la crisis una jornada mínima de 37,5 horas, con el fin de que se pueda aplicar la jornada laboral de 35 horas. En la reunión conocieron también que el Gobierno tiene previsto aprobar la oferta pública de empleo en la AGE, correspondiente a 2018, en el Consejo de Ministros del 27 julio, incluido las plazas para estabilizar personal interino. CSIF reclama que en ésta se resuelvan las necesidades de personal de los distintos departamentos y se incorporen al menos 6.000 plazas dirigidas a la promoción interna.
El director general también adelantó que el Gobierno aplicará la subida salarial en la nómina del mes de septiembre, con los atrasos correspondientes desde el 1 de enero de este año.
Csif pretende que se avance igualmente en otras cuestiones fundamentales para la Administración General del Estado, como las Bolsas de horas para la conciliación familiar (hasta el 5 por ciento de la jornada, equivalente a 80 horas, acumulables en días) los Fondos adicionales para mejorar las retribuciones en los diferentes ámbitos (salario mínimo de 1.200 euros en la Administración General del Estado, equiparación con Cataluña y carrera profesional). CSIF plantea un acuerdo a 3 años para mejorar las retribuciones.
Recuperar el nivel adquisitivo perdido
Otras de las peticiones son recuperar la estructura salarial previa a la bajada de sueldos que se produjo en 2010, con el inicio de la crisis, incluido las pagas extras, el Desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (estableciendo, entre otras cuestiones, el desarrollo de la carrera profesional, la implantación de la Ley de Función Pública de la AGE o la adaptación de la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones).
El Desbloqueo del IV Convenio único del personal laboral, que lleva más de dos años sin avances es otra reivindicación, como la aplicación de la jubilación parcial para el personal de la AGE, el desarrollo de un macroconcurso de traslados en la Seguridad Social. El director general se reunirá con el equipo de la Seguridad Social para desbloquear el citado macroconcurso. El sindicato pide que se cubran todas las plazas vacantes y las ‘resultas’, que se adecúen las RPTs teniendo en cuenta las jubilaciones previstas y se termine con la política de nombramientos en comisión de servicio ‘a dedo’.
Resolver el conflicto salarial en el colectivo de prisiones y avanzar hacia la equiparación con el personal de Cataluña es otra reivindicación de Csif, junto a la revisión salarial del personal laboral en el exterior. El director general se compromete a analizar esta cuestión en la Comisión Interministerial de Retribuciones. Tras años de congelación salarial y abandono de este colectivo, que sufre las consecuencias de la inflación en los países de destino.
