El Sector de Empresa Privada de CSIF Ciudad Real valora positivamente la decisión de la Dirección Provincial de la Seguridad Social para adjudicar, como órgano de contratación, el servicio de seguridad de todos los edificios de la Seguridad Social en nuestra provincia, a una empresa que, como no puede ser de otra manera, respeta los dictados del Tribunal Supremo y lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a la aplicación del convenio sectorial. La empresa referida es Viten Seguridad, S.L., que reunía todos los requisitos para ser elegida, con fecha de adjudicación de 30 de noviembre pasado y un plazo de ejecución de un año, de 1de enero a 31de diciembre de 2019.
Incumplimientos
Desde CSIF, significamos que también se presentaba a esta licitación una empresa del funesto grupo empresarial Marsegur, cuya oferta, felizmente, no ha sido valorada y recordamos que dicho grupo, del canario Miguel Ángel Ramírez, hace años que venía acumulando incumplimientos, deudas y sanciones, lo que hizo que los representantes de CSIF solicitaran en 2017 al anterior director provincial, la exclusión de la filial del grupo, Novosegur, del concurso, aunque fue finalmente la adjudicataria.
Concurso de acreedores
Incomprensiblemente, no se hizo caso a CSIF y sucedió lo que se veía venir a todas luces: la declaración en concurso de acreedores de dicha firma e impagos y diferencias salariales, con las pertinentes reclamaciones judiciales de los trabajadores, algunas puestas en manos de los servicios jurídicos de CSIF. Las consecuencias además derivan en menos cotizaciones de los dieciséis trabajadores afectados y los pagos que tendrá que afrontar el Fondo de Garantía Salarial, en un claro ejemplo de que hay que escuchar y tener en cuenta a la parte social en este tipo de licitaciones.
Nueva ley de contratación
CSIF espera que con los precedentes descritos, y con la entrada en vigor de la nueva ley de contratación, muy mejorada y más rigurosa para la rescisión del contrato en caso de impago de nóminas a los trabajadores, se alejen definitivamente de todas las Administraciones las malas prácticas empresariales, sobre todo en el ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que debe dar ejemplo de respeto al ordenamiento jurídico laboral, y que además cuenta con la Inspección de Trabajo para perseguir tanto en el ámbito público como privado todas las infracciones que cometan las empresas.
